Estos últimos años, el Gobierno, recurría a una fórmula falaz, aprobar un crédito extraordinario. Este mecanismo, permitía aprobar el presupuesto inicial de Defensa con un importe muy inferior al real, entre 1.000 y 1.500 millones de euros según los años, para después, en el transcurso del ejercicio, aprobar un crédito extraordinario para el pago de esos PEA a las industrias militares. Este año 2016, estaba previsto un pago de 1.100 M€ a las empresas en concepto de los PEA, pero después del fallo del TC, éste no se podrá realizar.
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Este año 2016, estaba previsto un pago de 1.100 M€ a las empresas en concepto de los PEA, pero después del fallo del TC, éste no se podrá realizar. Con lo cual, el presupuesto de 2017 debería afrontar los pagos de los PEA de dos años, es decir, unos 2.300 M€. Se imaginan la reacción de la opinión pública y de los partidos de la oposición ante la propuesta de aumentar un 33% el presupuesto de Defensa mientras se reduce el gasto en otros ministerios en 10.000 millones por exigencia de la CE. Sin duda, un enorme escándalo. Pero la fórmula escogida por el Gobierno de prorrogar el presupuesto, con respeto a los PEA, empeora la situación, pues atrasa el pago a 2018, que entonces será de 3.500 millones y representará un incremento del 50% del presupuesto en Defensa.
¿Y no se pueden cancelar o reducir de alguna forma?
Si Bruselas pide recortes se tendrán que aplicar tambien a esto. Los contratos se cambian con leyes.
Es como los eres en las empresas y los dias por despido y todo eso. A miles o millones de trabajadores se los despidio o se los ha despedido con unas condiciones diferentes a las que tenian cuando se les contrató. La reforma laboral cambió las leyes para que estuviera permitido despedirles bajo unas condiciones diferentes.
De esa misma forma una reforma de la legislación de contratos con la administración (en equivalencia a la reforma laboral) cambiaria las condiciones de los contratos con la administración y la forma en la que se pueden cancelar (en equivalencia al despido)