La organización criminal introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular y los empleaba en explotaciones agrícolas de Albacete, Alacant, Castelló, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, València y Zaragoza. Los trabajadores vivían en condiciones deplorables, hacinados en colchones a ras de suelo, sin ventilación y con escasos aseos. Además, eran trasladados diariamente en furgonetas inseguras, lo que provocó accidentes, incluyendo la muerte de uno de los trabajadores.
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