PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada el real decreto ley ómnibus que recogía la subida de las pensiones, la prórroga de las subvenciones al transporte, la moratoria antidesahucios o las ayudas a los afectados de la DANA. Pero también incluía la actualización de las entregas a cuenta de dinero que el Gobierno central cede a las comunidades autónomas como anticipo para asegurar la financiación de los servicios públicos. La suma alcanzaba los 9.665 millones de euros, de los cuales, 8.036 millones irían a autonomías gobernadas por el PP.
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