Las mutualidades son una de las herencias de la dictadura que ha logrado adecuarse mejor a gobiernos y gestores mostrándose intocables, durante décadas. Las élites de la Administración Civil (MUFACE[1]), de la Judicatura (MUGEJU[2]) y del Ejército y la policía (ISFAS[3]) han influido para que el colectivo mutualista no se incluyera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en contra del mandato de la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 que proponía la universalidad de la asistencia sanitaria.
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