Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, habló días atrás de la posibilidad de que las autonomías devuelvan a la administración estatal las competencias en Sanidad, Educación y Justicia, un ejército de militantes de partidos políticos de diferente signo, incluido el de la propia gerifalte madrileña, sintió que un desagradable escalofrío le recorría el cuerpo.
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