Junts y el PP han paralizado al menos durante un mes la aprobación de la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada. Ambas formaciones han acudido al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para solicitar un dictamen sobre la nueva norma, y ahora este organismo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre si el texto tiene o no encaje dentro del Estatut y de la Constitución.
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