Japón tiene previsto tomar las huellas dactilares y realizar fotografías de los extranjeros que entren en el país a partir del próximo mes en una política antiterrorista que está causando indignación entre residentes extranjeros y activistas de derechos humanos. Cualquiera considerado un posible terrorista - o que se niegue a cooperar - no podrá entrar y será deportado.
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