La propuesta de IU-ICV marca, entre las novedades frente a la legislación vigente, que la interrupción voluntaria del embarazo “pueda realizarse dentro de las catorce primeras semanas de gestación” en el caso de que “a juicio de la mujer, la continuación del embarazo le suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir dicho embarazo” y siempre “que sea solicitado voluntariamente y por escrito por la mujer”.
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