A partir de ahora, las grandes empresas —incluidas aseguradoras y sucursales de grupos extranjeros que estén dentro de su ámbito de aplicación— deberán calcular su huella de carbono, diseñar planes de reducción con objetivos concretos y publicar toda esta información para que sea accesible al público en general. Además, este Real Decreto mantiene, para el sector privado, el carácter voluntario de la inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de carbono.
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