Gobierno trabaja en su defensa para evitar el pago de 1.000 millones de dólares, 860 millones de euros al cambio actual, por paralizar la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). La Abogacía del Estado ha contratado este mes los servicios de un asesor legal, otro financiero y trabaja en la contratación de un traductor para defenderse de la demanda de arbitraje de la australiana Berkeley Energy Limited.
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