Alega que la condición de fiscal general le exime de prestar fianza, como a todos los que "actúan en nombre del Estado". Hurtado impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros que posteriormente rebajó a 75.000 euros tras darse cuenta de que era inconstitucional. El artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, según el cual "el Estado y sus organismos autónomos, estarán exentos de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes".
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