El Ministerio Público ha firmado un decreto de archivo "por falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, de la propia Fiscalía "para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados". Para el Ministerio Público español "el criterio decisivo es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe".
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Que se lo coma el país que quiera.