El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aceptar la resolución de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga que concedió en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar a la empresa concesionaria de la AP-9. Se trata de la quinta autopista de titularidad pública más transitada de España, recorre el eje atlántico de Galicia desde Ferrol hasta la frontera portuguesa y sigue siendo de pago pese a la inexistencia de una alternativa real gratuita y a que su construcción ya fue amortizada hace años.
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"En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España al considerar que la prórroga decidida por Aznar en el año 2000 no había respetado las normas de contratación pública de la UE, ya que estimaba que el aumento del plazo de concesión había constituído una modificación sustancial de las condiciones de contratación, y que debía haber sido sometida a un procedimiento abierto de licitación… » ver todo el comentario