Una sentencia de la Audiencia Nacional confirma que varias empresas del sector aéreo contraincendios formaron un cartel para amañar concursos públicos durante 20 años. A pesar de las condenas y prohibiciones de contratar, estas compañías siguen adjudicándose contratos millonarios con el Ministerio de Transición Ecológica y comunidades autónomas. La prohibición de contratar, con un plazo de solo nueve meses y ralentizada por recursos judiciales, muestra ser un mecanismo ineficaz para sancionar la corrupción empresarial en España.
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