Dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) consideran que la corte de garantías ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al otorgar el amparo a una mujer que impugnó la resolución judicial que, al fijar las medidas previas a la sentencia de divorcio en julio de 2021, aunque le atribuyó en exclusiva la guarda y custodia de su hijo menor de edad le impuso la obligación de ejercerla en Vitoria, la ciudad donde reside su exmarido, ciudad que ella abandonó junto al pequeño tras denunciar a su expareja por violencia de género.
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