Soledad Becerril ha aceptado la solicitud del diputado de IU Alberto Garzón y planteará la inconstitucionalidad de la norma que permitía a los alcaldes aprobar recortes presupuestarios aunque el Pleno municipal hubiera votado en contra para acceder al llamado plan de pago a proveedores, que buscaba sacar de los cajones de los ayuntamientos las facturas atrasadas.