En el último año se han instruido una decena de procedimientos penales contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntos delitos vinculados con el tráfico de drogas. TRADUCCIÓN: #1
Varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía española han interpuesto una denuncia contra el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, por un presunto delito de injurias. El juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de investigado este miércoles 8 de noviembre por la mañana. Los hechos se remontan al 5 de octubre, cuando la revista publicó en la sección de noticias falsas una entrada con el título "La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña". La noticia hacía referencia indirecta a los miles de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española que desde el 20 de septiembre se encuentran alojados los cruceros GNV Rhapsody y Moby Dato -más conocido como Piolín- del Puerto de Barcelona y GNV Azzurra del Puerto de Tarragona. La pieza humorística publicada por El Jueves es una sátira, pero hemos querido hacer un repaso de las múltiples causas judiciales instruidas durante el último año contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntos connivencias con redes de tráfico de cocaína, hachís y marihuana. Una realidad que, a pesar de ser poco visible mediáticamente, existe.
Mataró (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona) han sido los municipios donde más recientemente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía se ha vinculado judicialmente con el tráfico de estupefacientes. El 20 de junio de 2017 fue detenido el comisario Félix Riesco, máximo responsable de la comisaría de Mataró, quien según la unidad de Asuntos Internos del CNP cometió los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en connivencia con una red de traficantes desarticulada en el barrio de la Mina de Barcelona. Riesco ingresó preventivamente a un centro penitenciario por orden del juzgado de instrucción 4 de Mataró. El pasado 26 de septiembre un miembro del CNP fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína en Cataluña desarrollada por los Mossos. El agente formaba parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), residía en Cornellà de Llobregat y según el juez instructor pertenecía a un "grupo criminal" integrado por once personas. Son sólo dos ejemplos de un incesante goteo que en el último año ya suma una decena de procedimientos penales en todo el Estado español.
La conexión de los policías con las redes de narcotráfico investigadas en algunos casos tiene que ver con el robo de la droga requisada. Es el caso del policía nacional español J. L. H. C., de 37 años y destinado a la comisaría de Portbou (Girona). La sección tercera de la Audiencia de Girona le ha condenado a dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por haber sustraído un paquete de 1.012 gramos de hachís del depósito de efectos decomisados. Cuando fue detenido, en la cartera donde guardaba la placa policial encontraron, además, una bolsita de plástico con cocaína. A pesar de la gravedad de los hechos se ha beneficiado de los atenuantes por un presunto trastorno de ansiedad y, por ello, la petición fiscal de cuatro años de prisión quedó rebajada a dos años -con sentencia firme de 24 de octubre de 2017-, y en consecuencia, no ha ingresado en prisión. Un caso similar se ha vivido en la comisaría del CNP en Gandia (La Safor), donde un agente del cuerpo sustrajo en al menos dos ocasiones las drogas incautadas que se guardaban en las dependencias policiales. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le ha condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 4.800 euros y la inhabilitación durante cuatro años y medio para el ejercicio como funcionario de policía para un delito de infidelidad en custodia de documentos y por una falta de hurto.
La casuística delictiva entre policías, hasta el punto de revender la droga requisada para conseguir un sobresueldo, llega a todos los rincones de la geografía de España, también en la capital. La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2016 la pena de seis años de prisión por Jose Manuel H.T., por un delito agravado contra la salud pública. Según la sentencia, el penado se apropió de 55 cápsulas de cocaína decomisadas en el aeropuerto de Barajas para revenderlas en la calle. El valor estimado de la mercancía sustraída se estimó en 46.099 euros.
Involucrados agentes de la Benemérita
La sombra de la sospecha se extiende a la Guardia Civil. Constan varias sentencias en firme contra agentes del cuerpo. La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado recientemente dos agentes de la Guardia Civil y uno del CNP a tres años y nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública. Los tres han sido inhabilitados por un periodo de diecisiete años. No podrán volver a trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando fueron interceptados con 250 kilos de hachís provenientes de Marruecos. En esta misma línea, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó una pena de 21 meses de prisión contra un guardia civil de Costa Teguise (Lanzarote) acusado de apropiarse de droga requisada en diferentes operaciones. En su domicilio particular encontraron hachís, marihuana y cocaína. Una semana más tarde un tribunal de Tetuán (Marruecos) condenó otro guardia civil adscrito al Servicio de Información a cuatro años de prisión. La sentencia concluye que pretendía introducir en Ceuta ochenta kilos de hachís que transportaba en su vehículo particular.
La lacra también afecta a la parte superior de la cadena jerárquica. El otoño de 2016 la Audiencia de Málaga condenó a diez años y medio de cárcel a un teniente de la Guardia Civil que ostentaba el cargo de jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga. Se le atribuyen delitos contra la salud pública y de falsificación en dos operaciones de narcotráfico en las costas de Marbella y Melilla. Suma y sigue. El 6 de junio de 2017 se rubricó otra sentencia condenatoria en el otro extremo de la geografía peninsular, en la provincia de Pontevedra. El cabo de la Benemérita Enrique P. Martínez fue condenado a siete años de prisión y quince de inhabilitación por un delito de tráfico de drogas. La sentencia confirma que habría organizado un falso control policial en la carretera N-550 con el objetivo de incautar sustancias estupefacientes. Requisó y sustraer 379 gramos de cocaína pura, valorados en 52.515 euros.
Objetivo: el dinero de los narcotraficantes
En algunos de los procedimientos penales en curso no se investiga el tráfico o el consumo de drogas, sino el uso de información privilegiada para extorsionar a los narcotraficantes y así conseguir elevadas cantidades de dinero. Es el caso de dos guardias civiles de Igualada acusados de secuestro. Junto con otros dos hombres habrían esposado, retenido por la fuerza y trasladado a una zona boscosa un vecino de Girona a quien le exigieron dinero. Según información publicada por el diario El Punt-Avui octubre de 2016 y septiembre de 2017. La Fiscalía, en un juicio que quedó suspendido el pasado 27 de septiembre, pide nueve años de prisión por los agentes Jesús Isaac Martínez y José Antonio Salguero -destinados al cuartel de Igualada. La investigación señala que los policías habrían perpetrado los hechos junto con otros dos hombres: el dueño de una empresa de Sils, Manuel Raurich Pérez, y un vecino de Santa Coloma de Farners, Manuel Díaz Duran.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía indica que los dos guardias civiles imputados obtenían a través de los archivos del cuerpo información de supuestos traficantes de droga. Estos datos servían para sobornarlos. En este caso llevaron a la víctima a su domicilio de la avenida Lluís Pericot de Girona y le reclamaron 10.000 euros, pero aprovechó una distracción de los secuestradores para alertar a la policía municipal. En esta misma subcarpeta de sobornos también encontramos la ratificación por parte del Tribunal Supremo (con fecha de 2016) de una condena a siete años de prisión para un ex inspector del CNP de Ávila, acusado de recibir dinero de un traficante de cocaína a cambio de protección policial.
Varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía española han interpuesto una denuncia contra el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, por un presunto delito de injurias. El juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de investigado este miércoles 8 de noviembre por la mañana. Los hechos se remontan al 5 de octubre, cuando la revista publicó en la sección de noticias falsas una entrada con el título "La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña". La noticia hacía referencia indirecta a los miles de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española que desde el 20 de septiembre se encuentran alojados los cruceros GNV Rhapsody y Moby Dato -más conocido como Piolín- del Puerto de Barcelona y GNV Azzurra del Puerto de Tarragona. La pieza humorística publicada por El Jueves es una sátira, pero hemos querido hacer un repaso de las múltiples causas judiciales instruidas durante el último año contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntos connivencias con redes de tráfico de cocaína, hachís y marihuana. Una realidad que, a pesar de ser poco visible mediáticamente, existe.
Mataró (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona) han sido los municipios donde más recientemente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía se ha vinculado judicialmente con el tráfico de estupefacientes. El 20 de junio de 2017 fue detenido el comisario Félix Riesco, máximo responsable de la comisaría de Mataró, quien según la unidad de Asuntos Internos del CNP cometió los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en connivencia con una red de traficantes desarticulada en el barrio de la Mina de Barcelona. Riesco ingresó preventivamente a un centro penitenciario por orden del juzgado de instrucción 4 de Mataró. El pasado 26 de septiembre un miembro del CNP fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína en Cataluña desarrollada por los Mossos. El agente formaba parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), residía en Cornellà de Llobregat y según el juez instructor pertenecía a un "grupo criminal" integrado por once personas. Son sólo dos ejemplos de un incesante goteo que en el último año ya suma una decena de procedimientos penales en todo el Estado español.
La conexión de los policías con las redes de narcotráfico investigadas en algunos casos tiene que ver con el robo de la droga requisada. Es el caso del policía nacional español J. L. H. C., de 37 años y destinado a la comisaría de Portbou (Girona). La sección tercera de la Audiencia de Girona le ha condenado a dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por haber sustraído un paquete de 1.012 gramos de hachís del depósito de efectos decomisados. Cuando fue detenido, en la cartera donde guardaba la placa policial encontraron, además, una bolsita de plástico con cocaína. A pesar de la gravedad de los hechos se ha beneficiado de los atenuantes por un presunto trastorno de ansiedad y, por ello, la petición fiscal de cuatro años de prisión quedó rebajada a dos años -con sentencia firme de 24 de octubre de 2017-, y en consecuencia, no ha ingresado en prisión. Un caso similar se ha vivido en la comisaría del CNP en Gandia (La Safor), donde un agente del cuerpo sustrajo en al menos dos ocasiones las drogas incautadas que se guardaban en las dependencias policiales. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le ha condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 4.800 euros y la inhabilitación durante cuatro años y medio para el ejercicio como funcionario de policía para un delito de infidelidad en custodia de documentos y por una falta de hurto.
La casuística delictiva entre policías, hasta el punto de revender la droga requisada para conseguir un sobresueldo, llega a todos los rincones de la geografía de España, también en la capital. La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2016 la pena de seis años de prisión por Jose Manuel H.T., por un delito agravado contra la salud pública. Según la sentencia, el penado se apropió de 55 cápsulas de cocaína decomisadas en el aeropuerto de Barajas para revenderlas en la calle. El valor estimado de la mercancía sustraída se estimó en 46.099 euros.
Involucrados agentes de la Benemérita
La sombra de la sospecha se extiende a la Guardia Civil. Constan varias sentencias en firme contra agentes del cuerpo. La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado recientemente dos agentes de la Guardia Civil y uno del CNP a tres años y nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública. Los tres han sido inhabilitados por un periodo de diecisiete años. No podrán volver a trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando fueron interceptados con 250 kilos de hachís provenientes de Marruecos. En esta misma línea, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó una pena de 21 meses de prisión contra un guardia civil de Costa Teguise (Lanzarote) acusado de apropiarse de droga requisada en diferentes operaciones. En su domicilio particular encontraron hachís, marihuana y cocaína. Una semana más tarde un tribunal de Tetuán (Marruecos) condenó otro guardia civil adscrito al Servicio de Información a cuatro años de prisión. La sentencia concluye que pretendía introducir en Ceuta ochenta kilos de hachís que transportaba en su vehículo particular.
La lacra también afecta a la parte superior de la cadena jerárquica. El otoño de 2016 la Audiencia de Málaga condenó a diez años y medio de cárcel a un teniente de la Guardia Civil que ostentaba el cargo de jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga. Se le atribuyen delitos contra la salud pública y de falsificación en dos operaciones de narcotráfico en las costas de Marbella y Melilla. Suma y sigue. El 6 de junio de 2017 se rubricó otra sentencia condenatoria en el otro extremo de la geografía peninsular, en la provincia de Pontevedra. El cabo de la Benemérita Enrique P. Martínez fue condenado a siete años de prisión y quince de inhabilitación por un delito de tráfico de drogas. La sentencia confirma que habría organizado un falso control policial en la carretera N-550 con el objetivo de incautar sustancias estupefacientes. Requisó y sustraer 379 gramos de cocaína pura, valorados en 52.515 euros.
Objetivo: el dinero de los narcotraficantes
En algunos de los procedimientos penales en curso no se investiga el tráfico o el consumo de drogas, sino el uso de información privilegiada para extorsionar a los narcotraficantes y así conseguir elevadas cantidades de dinero. Es el caso de dos guardias civiles de Igualada acusados de secuestro. Junto con otros dos hombres habrían esposado, retenido por la fuerza y trasladado a una zona boscosa un vecino de Girona a quien le exigieron dinero. Según información publicada por el diario El Punt-Avui octubre de 2016 y septiembre de 2017. La Fiscalía, en un juicio que quedó suspendido el pasado 27 de septiembre, pide nueve años de prisión por los agentes Jesús Isaac Martínez y José Antonio Salguero -destinados al cuartel de Igualada. La investigación señala que los policías habrían perpetrado los hechos junto con otros dos hombres: el dueño de una empresa de Sils, Manuel Raurich Pérez, y un vecino de Santa Coloma de Farners, Manuel Díaz Duran.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía indica que los dos guardias civiles imputados obtenían a través de los archivos del cuerpo información de supuestos traficantes de droga. Estos datos servían para sobornarlos. En este caso llevaron a la víctima a su domicilio de la avenida Lluís Pericot de Girona y le reclamaron 10.000 euros, pero aprovechó una distracción de los secuestradores para alertar a la policía municipal. En esta misma subcarpeta de sobornos también encontramos la ratificación por parte del Tribunal Supremo (con fecha de 2016) de una condena a siete años de prisión para un ex inspector del CNP de Ávila, acusado de recibir dinero de un traficante de cocaína a cambio de protección policial.
#1 Uuuuh. Estás jodido, aunque pongas la traducción, ese artículo está en el idioma del diablo, además los independentistas solo se merecen porrazos en la cabeza hasta que hablen castellano y se genuflexionen después de un vivaspaña ante la atenta mirada de cualquier fucncionario de las fuerzas del Estado. O al menos eso dice menéame. Mientras haya conflicto en Catalauña aquí solo vas a recibir respuestas del estilo de #2 ¡Y los negativos que nos vienen encima por tener una visión profunda y/o crítica ! Está claro que mucha gente seguirá mirando a la banderita, da igual que la información sea interesante. El monotema es el monotema.
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TRADUCCIÓN: #1
Varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía española han interpuesto una denuncia contra el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, por un presunto delito de injurias. El juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de investigado este miércoles 8 de noviembre por la mañana. Los hechos se remontan al 5 de octubre, cuando la revista publicó en la sección de noticias falsas una entrada con el título "La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña". La noticia hacía referencia indirecta a los miles de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española que desde el 20 de septiembre se encuentran alojados los cruceros GNV Rhapsody y Moby Dato -más conocido como Piolín- del Puerto de Barcelona y GNV Azzurra del Puerto de Tarragona. La pieza humorística publicada por El Jueves es una sátira, pero hemos querido hacer un repaso de las múltiples causas judiciales instruidas durante el último año contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntos connivencias con redes de tráfico de cocaína, hachís y marihuana. Una realidad que, a pesar de ser poco visible mediáticamente, existe.
Mataró (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona) han sido los municipios donde más recientemente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía se ha vinculado judicialmente con el tráfico de estupefacientes. El 20 de junio de 2017 fue detenido el comisario Félix Riesco, máximo responsable de la comisaría de Mataró, quien según la unidad de Asuntos Internos del CNP cometió los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en connivencia con una red de traficantes desarticulada en el barrio de la Mina de Barcelona. Riesco ingresó preventivamente a un centro penitenciario por orden del juzgado de instrucción 4 de Mataró. El pasado 26 de septiembre un miembro del CNP fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína en Cataluña desarrollada por los Mossos. El agente formaba parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), residía en Cornellà de Llobregat y según el juez instructor pertenecía a un "grupo criminal" integrado por once personas. Son sólo dos ejemplos de un incesante goteo que en el último año ya suma una decena de procedimientos penales en todo el Estado español.
La conexión de los policías con las redes de narcotráfico investigadas en algunos casos tiene que ver con el robo de la droga requisada. Es el caso del policía nacional español J. L. H. C., de 37 años y destinado a la comisaría de Portbou (Girona). La sección tercera de la Audiencia de Girona le ha condenado a dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por haber sustraído un paquete de 1.012 gramos de hachís del depósito de efectos decomisados. Cuando fue detenido, en la cartera donde guardaba la placa policial encontraron, además, una bolsita de plástico con cocaína. A pesar de la gravedad de los hechos se ha beneficiado de los atenuantes por un presunto trastorno de ansiedad y, por ello, la petición fiscal de cuatro años de prisión quedó rebajada a dos años -con sentencia firme de 24 de octubre de 2017-, y en consecuencia, no ha ingresado en prisión. Un caso similar se ha vivido en la comisaría del CNP en Gandia (La Safor), donde un agente del cuerpo sustrajo en al menos dos ocasiones las drogas incautadas que se guardaban en las dependencias policiales. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le ha condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 4.800 euros y la inhabilitación durante cuatro años y medio para el ejercicio como funcionario de policía para un delito de infidelidad en custodia de documentos y por una falta de hurto.
La casuística delictiva entre policías, hasta el punto de revender la droga requisada para conseguir un sobresueldo, llega a todos los rincones de la geografía de España, también en la capital. La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2016 la pena de seis años de prisión por Jose Manuel H.T., por un delito agravado contra la salud pública. Según la sentencia, el penado se apropió de 55 cápsulas de cocaína decomisadas en el aeropuerto de Barajas para revenderlas en la calle. El valor estimado de la mercancía sustraída se estimó en 46.099 euros.
Involucrados agentes de la Benemérita
La sombra de la sospecha se extiende a la Guardia Civil. Constan varias sentencias en firme contra agentes del cuerpo. La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado recientemente dos agentes de la Guardia Civil y uno del CNP a tres años y nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública. Los tres han sido inhabilitados por un periodo de diecisiete años. No podrán volver a trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando fueron interceptados con 250 kilos de hachís provenientes de Marruecos. En esta misma línea, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó una pena de 21 meses de prisión contra un guardia civil de Costa Teguise (Lanzarote) acusado de apropiarse de droga requisada en diferentes operaciones. En su domicilio particular encontraron hachís, marihuana y cocaína. Una semana más tarde un tribunal de Tetuán (Marruecos) condenó otro guardia civil adscrito al Servicio de Información a cuatro años de prisión. La sentencia concluye que pretendía introducir en Ceuta ochenta kilos de hachís que transportaba en su vehículo particular.
La lacra también afecta a la parte superior de la cadena jerárquica. El otoño de 2016 la Audiencia de Málaga condenó a diez años y medio de cárcel a un teniente de la Guardia Civil que ostentaba el cargo de jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga. Se le atribuyen delitos contra la salud pública y de falsificación en dos operaciones de narcotráfico en las costas de Marbella y Melilla. Suma y sigue. El 6 de junio de 2017 se rubricó otra sentencia condenatoria en el otro extremo de la geografía peninsular, en la provincia de Pontevedra. El cabo de la Benemérita Enrique P. Martínez fue condenado a siete años de prisión y quince de inhabilitación por un delito de tráfico de drogas. La sentencia confirma que habría organizado un falso control policial en la carretera N-550 con el objetivo de incautar sustancias estupefacientes. Requisó y sustraer 379 gramos de cocaína pura, valorados en 52.515 euros.
Objetivo: el dinero de los narcotraficantes
En algunos de los procedimientos penales en curso no se investiga el tráfico o el consumo de drogas, sino el uso de información privilegiada para extorsionar a los narcotraficantes y así conseguir elevadas cantidades de dinero. Es el caso de dos guardias civiles de Igualada acusados de secuestro. Junto con otros dos hombres habrían esposado, retenido por la fuerza y trasladado a una zona boscosa un vecino de Girona a quien le exigieron dinero. Según información publicada por el diario El Punt-Avui octubre de 2016 y septiembre de 2017. La Fiscalía, en un juicio que quedó suspendido el pasado 27 de septiembre, pide nueve años de prisión por los agentes Jesús Isaac Martínez y José Antonio Salguero -destinados al cuartel de Igualada. La investigación señala que los policías habrían perpetrado los hechos junto con otros dos hombres: el dueño de una empresa de Sils, Manuel Raurich Pérez, y un vecino de Santa Coloma de Farners, Manuel Díaz Duran.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía indica que los dos guardias civiles imputados obtenían a través de los archivos del cuerpo información de supuestos traficantes de droga. Estos datos servían para sobornarlos. En este caso llevaron a la víctima a su domicilio de la avenida Lluís Pericot de Girona y le reclamaron 10.000 euros, pero aprovechó una distracción de los secuestradores para alertar a la policía municipal. En esta misma subcarpeta de sobornos también encontramos la ratificación por parte del Tribunal Supremo (con fecha de 2016) de una condena a siete años de prisión para un ex inspector del CNP de Ávila, acusado de recibir dinero de un traficante de cocaína a cambio de protección policial.
#1 Gracias por la traducción.
#1 Uuuuh. Estás jodido, aunque pongas la traducción, ese artículo está en el idioma del diablo, además los independentistas solo se merecen porrazos en la cabeza hasta que hablen castellano y se genuflexionen después de un vivaspaña ante la atenta mirada de cualquier fucncionario de las fuerzas del Estado. O al menos eso dice menéame. Mientras haya conflicto en Catalauña aquí solo vas a recibir respuestas del estilo de #2 ¡Y los negativos que nos vienen encima por tener una visión profunda y/o crítica ! Está claro que mucha gente seguirá mirando a la banderita, da igual que la información sea interesante. El monotema es el monotema.
#6 No voy a entrar en polémicas porque en el fondo me trae sin cuidado, pero lo que sí puedo apreciar es la fragilidad de memoria de algunos.
Un ejemplo ->
cc/ #4
#8 Ya hombre, ya. Pero es que una cosa no elimina la otra. ¿Quién dice qué los mossos sean unos santos?
#9 Pues por lo que expresa #4, al parecer, lo deben ser...en finss.
#10
#1 siempre lo hago
¿Y los mossos, cuántos procedimientos penales se les han abierto desde el 15M?
#2 Publicalo y sacanos de dudas.
Los maderos pueden hacer lo que quieran,
lo grave es que un juez no la desestime.
https://elpais.com/ccaa/2017/02/08/catalunya/1486559665_392195.html
"Detenido un ‘mosso’ suspendido por traficar con droga en L’Hospitalet"
La polisía del poble
#13 Anda, que te has tenido que ir al 2012. Pon en Google "guardia civil detenido" y luego nos cuentas.
#14 Hay muchos mas guardias civiles que mossos, como ya sabes
Pero me la refanfinfla. Delincuentes al trullo, como debe ser.
#15 Bueno, pero ya sabes, los jueces a los guardias los condecoran.
#16 o si no son de esos también se les puede hacer un homenaje al salir de prisión
Pero entras en los foros o paginas de la policía y todos son chistes de Puigde, sus consejeros o sobre catalanes...
Policia? Drogas?