El concurso que acaba de convocar la Xunta para contratar por primera vez un sistema estable de rastreo de casos de COVID-19, por un costo estimado de 13,8 millones de euros al año, permite poner cifras oficiales a las condiciones de precariedad laboral en el dispositivo hasta ahora externalizado por procedimientos de emergencia.
Tras el estallido de la pandemia y hasta que entre en vigor el concurso que ahora se convoca, la Xunta recurrió a procedimientos de emergencia para contratar el rastreo y seguimiento de casos de COVID-19 y posibles contactos, al margen del inicial que comienza el propio personal sanitario del Sergas y del puntual que, como refuerzo, realizaron las fuerzas armadas. En julio, el presidente Feijóo llegó a cuantificar en 6.000 las personas encargadas del rastreo, entre las que incluía personal sanitario con otros cometidos, cifra que en noviembre reduciría a 700, incluyendo 180 militares suministrados por el Ejército. Pero la opacidad impedía hasta ahora conocer las características del servicio contratado por emergencia, sobre lo que se acumulan denuncias sobre precariedad laboral y exagerada temporalidad.
A mediados de marzo eran algo menos de 300 personas las que llevaban a cabo tanto la labor de rastreo como la de información de la COVID para la Xunta a través de la empresa Universal Support, del grupo de call center Konecta, cifra que fue variando en función de las diversas olas de la pandemia, de suerte que en el pico de la tercera llegó a haber más de 450 personas dedicadas al rastreo.
"Juegan con los picos de la pandemia para ir contratando y despidiendo, aprovechando períodos de prueba o contratos eventuales que son fraude de ley", denunciaron los sindicatos sobre una realidad que viene marcada por la propia Xunta. El concurso convocado por Sanidad establece que la empresa que lo gane deberá ser quien de responder a incrementos o caídas de la demanda del servicio. Esto es, la Xunta exige que sea quien de realizar las llamadas que sean precisas de 9 a 22 horas de lunes a domingo, por las que pagará en función del que calcula que es el costo medio de cada caso, y será la empresa a que incremente o disminuya su personal en función de sus necesidades para cumplir con las exigencias de la Xunta.
Como orientación para las empresas interesadas en el concurso ahora convocado, además de ofrecerles una estimación de lo que dura cada tipo de llamadas, la Xunta les facilita el listado de personal adscrito al servicio por la actual empresa, un documento escaneado y sin fecha de actualización con una lista de 247 contratos en los que el 68%, dos de cada tres, tienen fecha de antigüedad del 1 de enero de este año o más reciente.
Esos contratos mayoritarios se reparten en dos tipos: eventuales por circunstancias de la producción, con 39 horas de trabajo a la semana y un sueldo bruto anual de 13.916,97 euros, cifra en la línea de lo recogido en el convenio colectivo del sector de las teleoperadoras, y contratos a tiempo parcial por servicio o duración determinada, con 30 horas y 10.705,36 euros de sueldo anual bruto. La cifra de ese segundo tipo de contrato es proporcional a las nueve horas menos de trabajo en relación al primero y el reparto en 12 pagas supondría un sueldo mensual de poco menos de 900 euros brutos por esas 30 horas.
Entre los sueldos más altos que se incluyen en el documento, sólo figuran ocho que superen los 20.000 euros brutos anuales incluidos conceptos variables, con antigüedades de 2001 o 2004.
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Tras el estallido de la pandemia y hasta que entre en vigor el concurso que ahora se convoca, la Xunta recurrió a procedimientos de emergencia para contratar el rastreo y seguimiento de casos de COVID-19 y posibles contactos, al margen del inicial que comienza el propio personal sanitario del Sergas y del puntual que, como refuerzo, realizaron las fuerzas armadas. En julio, el presidente Feijóo llegó a cuantificar en 6.000 las personas encargadas del rastreo, entre las que incluía personal sanitario con otros cometidos, cifra que en noviembre reduciría a 700, incluyendo 180 militares suministrados por el Ejército. Pero la opacidad impedía hasta ahora conocer las características del servicio contratado por emergencia, sobre lo que se acumulan denuncias sobre precariedad laboral y exagerada temporalidad.
A mediados de marzo eran algo menos de 300 personas las que llevaban a cabo tanto la labor de rastreo como la de información de la COVID para la Xunta a través de la empresa Universal Support, del grupo de call center Konecta, cifra que fue variando en función de las diversas olas de la pandemia, de suerte que en el pico de la tercera llegó a haber más de 450 personas dedicadas al rastreo.
"Juegan con los picos de la pandemia para ir contratando y despidiendo, aprovechando períodos de prueba o contratos eventuales que son fraude de ley", denunciaron los sindicatos sobre una realidad que viene marcada por la propia Xunta. El concurso convocado por Sanidad establece que la empresa que lo gane deberá ser quien de responder a incrementos o caídas de la demanda del servicio. Esto es, la Xunta exige que sea quien de realizar las llamadas que sean precisas de 9 a 22 horas de lunes a domingo, por las que pagará en función del que calcula que es el costo medio de cada caso, y será la empresa a que incremente o disminuya su personal en función de sus necesidades para cumplir con las exigencias de la Xunta.
Como orientación para las empresas interesadas en el concurso ahora convocado, además de ofrecerles una estimación de lo que dura cada tipo de llamadas, la Xunta les facilita el listado de personal adscrito al servicio por la actual empresa, un documento escaneado y sin fecha de actualización con una lista de 247 contratos en los que el 68%, dos de cada tres, tienen fecha de antigüedad del 1 de enero de este año o más reciente.
Esos contratos mayoritarios se reparten en dos tipos: eventuales por circunstancias de la producción, con 39 horas de trabajo a la semana y un sueldo bruto anual de 13.916,97 euros, cifra en la línea de lo recogido en el convenio colectivo del sector de las teleoperadoras, y contratos a tiempo parcial por servicio o duración determinada, con 30 horas y 10.705,36 euros de sueldo anual bruto. La cifra de ese segundo tipo de contrato es proporcional a las nueve horas menos de trabajo en relación al primero y el reparto en 12 pagas supondría un sueldo mensual de poco menos de 900 euros brutos por esas 30 horas.
Entre los sueldos más altos que se incluyen en el documento, sólo figuran ocho que superen los 20.000 euros brutos anuales incluidos conceptos variables, con antigüedades de 2001 o 2004.
La Xunta es como la sección de Fajitas del Gadis.