Como con las anteriores ocasiones, el Gobierno no pretende ceder en el campo de la fractura hidráulica para buscar gas subterráneo. El Ejecutivo recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de Castilla-La Mancha que incluía una larga lista de requisitos para admitir estos proyectos mineros y que, a la postre, era un norma anti-fracking.
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