Altos cargos de Metro y del Gobierno de Ignacio González obviaron las recomendaciones de sus abogados y siguieron abonando facturas a una concesionaria que percibió dos millones de euros en prórrogas. Correos electrónicos demuestran que la adjudicataria acordaba el cobro de sus trabajos con el Gobierno de Aguirre y luego daba instrucciones a Metro de Madrid.
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