Luego que un campesino fuera asesinado de un tiro en la cabeza por la policía, el Ejecutivo peruano ordenó la suspensión de las garantías constitucionales ciudadanas en ocho provincias del país. La medida otorga el control de estas zonas al Ejército, el cual puede realizar allanamientos de morada sin previa orden judicial y prohibir reuniones públicas.
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