El acuerdo alcanzado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia contempla que cumplirá 15 años y el resto se sustituye por la expulsión del país. El acusado, de origen marroquí, se ha declarado insolvente, por lo que no hará frente a los 300.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado. Se le ha aplicado las agravantes de alevosía y ensañamiento y la atenuante de alteración psíquica.
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Debería haber más voluntad política para establecer la responsabilidad subsidiaria a los países de estos criminales, y fueran ellos los que corrieran con las costas así como con los años de prisión.