Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando la sancionada, jubilada desde finales de los años noventa y perceptora de dos pensiones, decidió darse de alta como empleadora doméstica. Aquel 21 de agosto suscribió un contrato indefinido con una trabajadora, de 69 años, para realizar labores del hogar en su vivienda de Cangas del Narcea, con jornada completa y una retribución mensual de 1.050 euros brutos. La relación laboral se mantuvo formalmente hasta agosto de 2022, fecha en que la empleada solicitó su jubilación.
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