El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles la 43ra prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población, durante el cual 89.500 personas han sido detenidas acusadas de formar parte de las pandillas.En agosto de 2024 el presidente Bukele planteó prescindir de esa medida que debía ser temporal. Amnistía Internacional publicó un análisis en el que afirma que ha consolidado un modelo que da la apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas y a la suspensión de garantías.
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