La inexactitud de una definición teórica aumenta la incertidumbre del propio mercado inmobiliario, donde se encuentran particulares, pero también empresas promotoras y constructoras que podrían replantearse el negocio. Desde el sector, asociaciones como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ya han advertido de que este tipo de medidas no contribuyen "a generar la confianza necesaria para aumentar la oferta de vivienda". Es decir, para seguir construyendo o rehabilitando.
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