Los movimientos católicos andan revueltos. La Generalitat de Cataluña ha elaborado un proyecto de ley en el que otorga a los alcaldes la potestad para conceder o denegar licencias de actividad a las iglesias y todos los lugares “de reunión con fines religiosos”, un tipo de autorizaciones preceptivas al estilo de las requeridas para abrir equipamientos comerciales o discotecas.
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