Una funcionaria de Hacienda y su marido lideraban desde Madrid una lucrativa red criminal especializada en la reventa de móviles robados, que les reportó al menos 300.000 euros en beneficios. Ambos operaban desde su propio domicilio y utilizaban plataformas de compraventa de segunda mano para colocar en el mercado cientos de teléfonos móviles de alta gama, sustraídos mediante hurtos, estafas y suplantaciones de identidad.
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