A diferencia de lo que ocurría con la anterior normativa, un “sutil cambio” en la redacción definitiva del texto establece que, en caso de que exista una contraoferta por parte de una segunda entidad, el primer banco tan sólo deberá declarar ante notario que iguala o mejora dicha oferta para impedir a su cliente el libre traslado de su hipoteca. Ahora, es el propio banco quien decide en última instancia, en lugar del deudor, que puede estar interesado en cambiar de entidad por múltiples motivos
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