La Junta de Andalucía capea una investigación judicial sobre la adjudicación a dedo de 243 millones a clínicas privadas con contratos de emergencia amparados en una ley derogada tras la pandemia, y mientras sus interventores ponen bajo sospecha otros 1.225 millones en contratos menores, fraccionando miles de ellos para "eludir" la ley.
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