La práctica de la prostitución, como tal, no es ilegal en Francia. Pero está sometida a fuertes restricciones y trabas. El cierre de los burdeles, en 1946, abocó al 80% de la prostitución a las calles, de las que ahora ha sido prácticamente expulsada. Desde la aprobación, en marzo del 2003, de la ley de Seguridad Interior, el Código Penal castiga la incitación al sexo de pago –incluso con una "actitud pasiva"– con dos meses de prisión y 3.750 euros de multa. No así a los clientes, salvo que haya menores de por medio.
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