El Juzgado de lo Contencio-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido el derecho de una vecina de Playa del Inglés a no destinar su apartamento al uso turístico. La sentencia deja sin efecto la sanción de 2.250€ que le impuso la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias por lo que calificó como una "infracción administrativa grave" y desmiente que el Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana prohíba el uso como primera o segunda residencia de los inmuebles ubicados en la zona turística litoral
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