Con las sentencias del TJUE como respaldo, la Comisión Europea se encuentra en posición de activar importantes y millonarias sanciones contra España. Los escritos de apremio enviados a las autoridades españolas advierten sobre una sanción millonaria que obligaría al Estado a reformar su sistema y a garantizar la conversión de contratos temporales en indefinidos mediante la llamada fijeza. La situación irregular de los empleados interinos genera una inseguridad laboral que repercute en la salud física, emocional y económica de los afectados.
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