Un informe de la secretaría de la Diputación de Castellón desvela que en el punto de ruegos y preguntas, que se incluye en el orden del día de un pleno, "no cabe la posibilidad de establecer límites a priori". El documento va más allá y califica de "del todo inconstitucional, privar a los miembros corporativos de la opción de formular ruegos o preguntas antes de que éstas se formularan". Este dictamen echa por tierra la pretensión del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de implantar la censura en los plenos de la Diputación.
|
etiquetas: fabra , castellon , valencia , corrupcion 
