En Castilla la Mancha se observa una ausencia casi total de prestación en la pública, mientras que en Cataluña la mitad de las mujeres puede acceder en el sistema público a una interrupción voluntaria del embarazo. El estudio detecta problemas como la ausencia de protocolos, el acoso de grupos antielección o la imposibilidad de elegir el método de la IVE.
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