Desde 2015 existe la posibilidad de prohibir a las empresas participar en concursos públicos si han vulnerado la ley en casos de corrupción, impago a Hacienda o la Seguridad Social, fraude en subvenciones o conflictos de interés. Los expertos advierten de que el sistema no funciona como medida preventiva, las grandes compañías la eluden, los órganos de contratación no la solicitan y puede demorarse años a la espera de una sentencia firme para casos de corrupción
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