Las autoridades deben resistir las presiones por parte de los acreedores en apuros para evitar el refuerzo de comportamientos especulativos y fraudulentos y, de este modo, "las pérdidas deberían repartirse entre los inversores expuestos al riesgo en vez de cargarlas sobre los contribuyentes", según se desprende de un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional. Los legisladores deberán hacer frente a las continuas presiones para que "rescaten o subsidien" a las entidades de crédito afectadas.
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