El líder del GOB empezó a sospechar de una posible mano negra dado el enorme despliegue de medios técnicos, incluido el uso de un helicóptero y un notario, así como de los informes que acompañaban la denuncia contra él. March denunció el caso ante la fiscalía, a la que expresó sus temores ante un posible uso de fondos públicos por parte de alguna Administración (malversación de caudales). La fiscalía ha abierto diligencias y ha ordenado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigué cómo y quién pagó el reportaje aéreo,
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