Los demandantes afirman que la ley fomenta el cristianismo en las escuelas públicas, y los políticos que votaron a favor así lo admitieron. La ley también incluye una disposición que obliga al fiscal general del Estado a defender a los distritos que sean demandados por este motivo. Si perdieran el caso, el Estado sería entonces "responsable de los gastos, costes, sentencias o acuerdos de las demandas derivadas de la representación". Es decir, si a los nacionalistas cristianos les sale el tiro por la culata, no se preocupen
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