Según una propuesta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende penalizar fiscalmente la construcción de vivienda protegida en la región a través de nuevas tasas que gravarán la producción de VPP, la rehabilitación de viviendas e incluso la emisión de certificaciones de eficiencia energética en los edificios.
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