Después del encontronazo inicial entre la Iglesia y el Gobierno central por los cambios que la LOE introducía en la materia, las autoridades eclesiásticas mantienen su "respeto" a que la función ahora de la contratación de los profesores sea de las Administraciones autónomas. Sindicatos y profesores coinciden en que "en un Estado aconfesional no se entendía" que estas plazas de docencia se otorgaran "por la confesión religiosa".
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