Los radares son fijos y de tramo y han sido destruidos en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Valencia. El artículo 263.2 del código penal prevé penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses "cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad". Mientras se investigan los hechos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia .
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