La operación policial se inició a raíz de las denuncias interpuestas por las entidades perjudicadas tras las cuales se practicaron registros en centros emisores de televisión y en domicilios, tanto sociales como particulares, de empresas titulares de redes locales de cable. Además de estos contenidos, realizaban compras de emisiones de pago por visión (partidos de fútbol, películas o corridas taurinas) y una vez descodificados, redistribuían la señal de manera no autorizada a sus "clientes", que pagaban una cuota como abonados.
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