Adega y Pladever aseguran que la Xunta tardó quince meses para extinguir una concesión ya terminada. Cuando al fin respondió, ya habían pasado diez días del plazo administrativo.
#2:
Menuda herramienta para los políticos es la prescripción. Se aplica constantemente y como vemos en la noticia, no sólo para enterrar sus propios delitos, sino también para dejar de aplicar las leyes cuando interesa.
#9:
a administración "deixou pasar máis de 8 meses para mover un papel, e outros 7 meses máis para emitir o informe".
Esta dilación da administración provocou que a resposta da Xunta chegara "xusto 10 días despois de que por lei caducara o trámite de extinción, unha circunstancia ante a cal a empresa poderá seguir explotando o curso de auga. Segundo os ecoloxistas, a propia Augas de Galicia recoñeceu que fora a súa estrutura administrativa a que non resolvera no prazo legalmente establecido.
Non poden dar maís noxo.
#1:
El movimiento ecologista gallego vive una etapa de especial movilización, en la que las políticas de la Xunta son el foco central de tus críticas. En este contexto, la relación del gobierno de Feijóo con Naturgy, la antigua Fenosa, aparece como uno de los temas centrales de las denuncias ecologistas; máxime después de la circunstancia administrativa que vienen de denunciar Adega y la Plataforma por la defensa del río Verdugo.
El nominado río, que discurre por la provincia de Pontevedra hasta la Ría de Vigo, lleva siendo explotado con un aprovechamiento hidroeléctrico desde 1899. Esta concesión se encuentra actualmente en poder de Naturgy. La denuncia de las plataformas es que la Xunta de Galicia dejó pasar un trámite administrativo que pretendía finiquitar la concesión del servicio de explotación a la antigua Fenosa, fallecida en 2017.
El trámite denunciado dio comenzó en el año 2018, cuando la Plataforma de defensa del río lanzó una petición para iniciar los trámites de extinción de concesión. Ante esta circunstancia, Augas de Galicia arrancó el expediente por "agotamiento del plazo concesional", según las plataformas. La problemática vino con los primeros alegatos de Naturgy. A pesar de ser respondidas por los ecologistas, la administración "dejó pasar más de 8 meses para mover un papel, y otros 7 meses más para emitir el informe".
Esta dilación de la administración provocó que la respuesta de la Xunta había llegado "justo 10 días después de que por ley hubiese caducado el trámite de extinción, una circunstancia ante la cual la empresa podrá seguir explotando el curso de agua. Según los ecologistas, la propia Augas de Galicia reconoció que había sido su estructura administrativa la que no había resuelto en el plazo legalmente establecido.
DILACIÓN "ESCANDALOSA"
La denuncia gana fuerza porque, según destaca, el embalse de Puente Infierno --enmarcado en el río-- fue objeto además de "numerosas denuncias y expedientes de 'regularización'" por "incumplimiento de los caudales ecológicos o deficiencias en los sistemas de remonte de pescados", entre otras "irregularidades" que, subrayan, "a día de hoy siguen sin subsanarse".
Las plataformas implicadas ven "escandaloso" el proceder de la administración. "Resulta injustificable semejante demora en resolver el expediente de una concesión administrativa que hace años había debido estar caducada y restituido el río afectado", subrayan. "120 años no son suficientes para que Naturgy siga a hacer caja con nuestros ríos", añaden desde desde Adega.
Según destacan ambas formaciones, las demoras denunciadas "no son infrecuentes en el proceder de la Xunta". "Curiosamente --señalan-- suelen beneficiar los intereses de las concesionarias. Mientras Núñez Feijóo se empeña en eliminar y simplifica trámites administrativos para beneficiar la actividad empresarial, su gobierno no tiene prisa en tramitar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas", destacan. "Todo sea por beneficiar a determinados lobbys empresariales a costa de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente".
Menuda herramienta para los políticos es la prescripción. Se aplica constantemente y como vemos en la noticia, no sólo para enterrar sus propios delitos, sino también para dejar de aplicar las leyes cuando interesa.
#2 ¿no se supone que hay funcionarios que están ahí con su puesto vitalicio que les protege ante presiones para evitar que estas cosas ocurran, dar trámite aunque el de arriba le diga que no?
#7 ya ves que de vez en cuando aparece alguna noticia, no muchas, donde algún funcionario ha denunciado tal o cual caso de corruptela. El problema es que me parece es que todos los denunciantes han terminado muy mal parados (expedientados y/o retirados) y el objeto de su denuncia en nada.
#2 En las empresas existe un delito que es la administración desleal. No entiendo porque no existe en la administración pública. ¿Porque tenemos leyes que impiden que un empresario destruya una empresa que es suya pero no tenemos esa protección para las empresas publicas que son de todos?
a administración "deixou pasar máis de 8 meses para mover un papel, e outros 7 meses máis para emitir o informe".
Esta dilación da administración provocou que a resposta da Xunta chegara "xusto 10 días despois de que por lei caducara o trámite de extinción, unha circunstancia ante a cal a empresa poderá seguir explotando o curso de auga. Segundo os ecoloxistas, a propia Augas de Galicia recoñeceu que fora a súa estrutura administrativa a que non resolvera no prazo legalmente establecido.
El movimiento ecologista gallego vive una etapa de especial movilización, en la que las políticas de la Xunta son el foco central de tus críticas. En este contexto, la relación del gobierno de Feijóo con Naturgy, la antigua Fenosa, aparece como uno de los temas centrales de las denuncias ecologistas; máxime después de la circunstancia administrativa que vienen de denunciar Adega y la Plataforma por la defensa del río Verdugo.
El nominado río, que discurre por la provincia de Pontevedra hasta la Ría de Vigo, lleva siendo explotado con un aprovechamiento hidroeléctrico desde 1899. Esta concesión se encuentra actualmente en poder de Naturgy. La denuncia de las plataformas es que la Xunta de Galicia dejó pasar un trámite administrativo que pretendía finiquitar la concesión del servicio de explotación a la antigua Fenosa, fallecida en 2017.
El trámite denunciado dio comenzó en el año 2018, cuando la Plataforma de defensa del río lanzó una petición para iniciar los trámites de extinción de concesión. Ante esta circunstancia, Augas de Galicia arrancó el expediente por "agotamiento del plazo concesional", según las plataformas. La problemática vino con los primeros alegatos de Naturgy. A pesar de ser respondidas por los ecologistas, la administración "dejó pasar más de 8 meses para mover un papel, y otros 7 meses más para emitir el informe".
Esta dilación de la administración provocó que la respuesta de la Xunta había llegado "justo 10 días después de que por ley hubiese caducado el trámite de extinción, una circunstancia ante la cual la empresa podrá seguir explotando el curso de agua. Según los ecologistas, la propia Augas de Galicia reconoció que había sido su estructura administrativa la que no había resuelto en el plazo legalmente establecido.
DILACIÓN "ESCANDALOSA"
La denuncia gana fuerza porque, según destaca, el embalse de Puente Infierno --enmarcado en el río-- fue objeto además de "numerosas denuncias y expedientes de 'regularización'" por "incumplimiento de los caudales ecológicos o deficiencias en los sistemas de remonte de pescados", entre otras "irregularidades" que, subrayan, "a día de hoy siguen sin subsanarse".
Las plataformas implicadas ven "escandaloso" el proceder de la administración. "Resulta injustificable semejante demora en resolver el expediente de una concesión administrativa que hace años había debido estar caducada y restituido el río afectado", subrayan. "120 años no son suficientes para que Naturgy siga a hacer caja con nuestros ríos", añaden desde desde Adega.
Según destacan ambas formaciones, las demoras denunciadas "no son infrecuentes en el proceder de la Xunta". "Curiosamente --señalan-- suelen beneficiar los intereses de las concesionarias. Mientras Núñez Feijóo se empeña en eliminar y simplifica trámites administrativos para beneficiar la actividad empresarial, su gobierno no tiene prisa en tramitar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas", destacan. "Todo sea por beneficiar a determinados lobbys empresariales a costa de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente".
La fiscalía y jueces no pueden intervenir porque están ocupados con algunos twiteros, titiriteros y manifestantes contrarios a la derecha española corrupta.
#4 Feijoo es uno de los opusinos menos parvos de Galicia... (y si lo comparamos con los que gobiernan Madrid o andalucía, quizá de los menos cortitos de España); pero no es "el padrino" de esa "famiglia".
Es curioso cómo la ley está hecha por defecto para proteger y beneficiar los intereses privados de una minoría, en perjuicio del estado (que pagamos todos): contratos abusivos, concesiones de tropecientos años, lucros cesantes, conciertos más caros para servicios privatizados que siendo públicos, ventas de bienes públicos muy por debajo del precio de mercado, estudios pagados con dinero público para evitar a políticos condenados pagar multas millonarias por sus desmanes, archivo de denuncias por no existir la figura del derroche de dinero público, bonificaciones de impuestos a grandes fortunas (impuestos pagados por todos), etc...
Comentarios
Menuda herramienta para los políticos es la prescripción. Se aplica constantemente y como vemos en la noticia, no sólo para enterrar sus propios delitos, sino también para dejar de aplicar las leyes cuando interesa.
#2 ¿no se supone que hay funcionarios que están ahí con su puesto vitalicio que les protege ante presiones para evitar que estas cosas ocurran, dar trámite aunque el de arriba le diga que no?
#7 ya ves que de vez en cuando aparece alguna noticia, no muchas, donde algún funcionario ha denunciado tal o cual caso de corruptela. El problema es que me parece es que todos los denunciantes han terminado muy mal parados (expedientados y/o retirados) y el objeto de su denuncia en nada.
#11 ajam... Entonces cómo va la cosa? Qué hacemos? Para qué son esos privilegios entonces?
#13 creo que no te sigo. ¿Me preguntas a mí qué hay que hacer ante la corrupción institucional?
#2 En las empresas existe un delito que es la administración desleal. No entiendo porque no existe en la administración pública. ¿Porque tenemos leyes que impiden que un empresario destruya una empresa que es suya pero no tenemos esa protección para las empresas publicas que son de todos?
#2 corrupción legal. Estos trámites no deberían caducar. Si la concesión se extingue, se extingue y debería recuperarse la instalación.
Espero que Adega denuncie y se depuren responsabilidades.
a administración "deixou pasar máis de 8 meses para mover un papel, e outros 7 meses máis para emitir o informe".
Esta dilación da administración provocou que a resposta da Xunta chegara "xusto 10 días despois de que por lei caducara o trámite de extinción, unha circunstancia ante a cal a empresa poderá seguir explotando o curso de auga. Segundo os ecoloxistas, a propia Augas de Galicia recoñeceu que fora a súa estrutura administrativa a que non resolvera no prazo legalmente establecido.
Non poden dar maís noxo.
#9 Traidores.
E cal é a pena que se aplica ó delito de traición?
#16 Denuncia penal e caldeiro...
#18 disfrutar lo votado
El movimiento ecologista gallego vive una etapa de especial movilización, en la que las políticas de la Xunta son el foco central de tus críticas. En este contexto, la relación del gobierno de Feijóo con Naturgy, la antigua Fenosa, aparece como uno de los temas centrales de las denuncias ecologistas; máxime después de la circunstancia administrativa que vienen de denunciar Adega y la Plataforma por la defensa del río Verdugo.
El nominado río, que discurre por la provincia de Pontevedra hasta la Ría de Vigo, lleva siendo explotado con un aprovechamiento hidroeléctrico desde 1899. Esta concesión se encuentra actualmente en poder de Naturgy. La denuncia de las plataformas es que la Xunta de Galicia dejó pasar un trámite administrativo que pretendía finiquitar la concesión del servicio de explotación a la antigua Fenosa, fallecida en 2017.
El trámite denunciado dio comenzó en el año 2018, cuando la Plataforma de defensa del río lanzó una petición para iniciar los trámites de extinción de concesión. Ante esta circunstancia, Augas de Galicia arrancó el expediente por "agotamiento del plazo concesional", según las plataformas. La problemática vino con los primeros alegatos de Naturgy. A pesar de ser respondidas por los ecologistas, la administración "dejó pasar más de 8 meses para mover un papel, y otros 7 meses más para emitir el informe".
Esta dilación de la administración provocó que la respuesta de la Xunta había llegado "justo 10 días después de que por ley hubiese caducado el trámite de extinción, una circunstancia ante la cual la empresa podrá seguir explotando el curso de agua. Según los ecologistas, la propia Augas de Galicia reconoció que había sido su estructura administrativa la que no había resuelto en el plazo legalmente establecido.
DILACIÓN "ESCANDALOSA"
La denuncia gana fuerza porque, según destaca, el embalse de Puente Infierno --enmarcado en el río-- fue objeto además de "numerosas denuncias y expedientes de 'regularización'" por "incumplimiento de los caudales ecológicos o deficiencias en los sistemas de remonte de pescados", entre otras "irregularidades" que, subrayan, "a día de hoy siguen sin subsanarse".
Las plataformas implicadas ven "escandaloso" el proceder de la administración. "Resulta injustificable semejante demora en resolver el expediente de una concesión administrativa que hace años había debido estar caducada y restituido el río afectado", subrayan. "120 años no son suficientes para que Naturgy siga a hacer caja con nuestros ríos", añaden desde desde Adega.
Según destacan ambas formaciones, las demoras denunciadas "no son infrecuentes en el proceder de la Xunta". "Curiosamente --señalan-- suelen beneficiar los intereses de las concesionarias. Mientras Núñez Feijóo se empeña en eliminar y simplifica trámites administrativos para beneficiar la actividad empresarial, su gobierno no tiene prisa en tramitar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas", destacan. "Todo sea por beneficiar a determinados lobbys empresariales a costa de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente".
Se entretuvieron contando sobres y claro...
La fiscalía y jueces no pueden intervenir porque están ocupados con algunos twiteros, titiriteros y manifestantes contrarios a la derecha española corrupta.
Pero hacer eso no es constitutivo de delito? Menuda máfia, ufff en manos de quien estamos!!
Los sillones de consejero/a no se consiguen gratis.
Son de la famiglia y feijoo es el padrino.
#4 Feijoo es uno de los opusinos menos parvos de Galicia... (y si lo comparamos con los que gobiernan Madrid o andalucía, quizá de los menos cortitos de España); pero no es "el padrino" de esa "famiglia".
Yo a eso lo llamaría prevaricación.
Es curioso cómo la ley está hecha por defecto para proteger y beneficiar los intereses privados de una minoría, en perjuicio del estado (que pagamos todos): contratos abusivos, concesiones de tropecientos años, lucros cesantes, conciertos más caros para servicios privatizados que siendo públicos, ventas de bienes públicos muy por debajo del precio de mercado, estudios pagados con dinero público para evitar a políticos condenados pagar multas millonarias por sus desmanes, archivo de denuncias por no existir la figura del derroche de dinero público, bonificaciones de impuestos a grandes fortunas (impuestos pagados por todos), etc...
Feijoó y la Xunta actuando como una mafia contra la naturaleza? No me lo puedo creer.
Puede tratarse de contribuyentes a la caja C.
¿Para cuando una ley que condene a los responsables de estas prácticas?