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#3:
#1 [Resto de la traducción, no cabía] La última, de mayo de ese mismo año, dice que "si hay motivos razonables para creer que hubo malos tratos, incumbe a las autoridades competentes del Estado inició una investigación imparcial de oficio y sin demora".
Las condenas también llegan desde organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Amnistía Internacional, que hace años que exige al Estado que haga algo. En el marco de la campaña electoral del 25S, la organización de defensa de los derechos humanos ha reiterado su demanda: se debe asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación "a las víctimas de tortura y otros malos tratos ", y exigir a las autoridades vascas y españolas que hagan un reconocimiento público del daño causado.
Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España, critica que el Estado español no ha tenido en cuenta ninguna de sus obligaciones. En primer lugar, el Código penal tiene una definición "defectuosa" de la tortura, que no se adapta a la de la convención contra la tortura. Por otra parte, está el sistema de incomunicación, que debe ser abolido o incrementar las garantías, porque es lo que permite todos estos casos. Finalmente, tenemos el gran problema: que no se investiga.
"El gran problema que ha habido en España ha sido de investigación, tanto por parte de las autoridades policiales como de las autoridades judiciales, que tampoco lo podemos olvidar", asegura Virginia Álvarez. "La pauta son procesos muy largos en los que no hay una verdadera reparación a la víctima, porque se utilizan baremos de accidente de tráfico, cuando estamos hablando de un crimen internacional que ni siquiera prescribe", añade la responsable de Amnistía. Y lamenta: "En aquellos casos en los que sí se ha llegado a una condena, nos hemos encontrado con un posterior indulto por parte del Gobierno español". Sin embargo, cita una sentencia que podría suponer un "punto de inflexión".
Es la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el pasado mes de julio, de anular una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a tres presuntos miembros de ETA. El motivo es que este tribunal no había admitido la prueba pericial psicológica de uno de los acusados, Íñigo Zapirain, que había denunciado haber sufrido torturas durante su detención en marzo de 2011. De esta manera, el alto tribunal aplicaba por primera vez la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Otro alto tribunal, el Constitucional, también ordenó el pasado agosto reabrir un caso: el de Garazi Rodríguez. Fue detenida en 2009 para formar parte de la organización juvenil Segi y luego fue absuelta. Entonces tenía 21 años y este es su relato de lo que pasó: "Al tercer día, me hicieron desnudar en una habitación muy grande ante siete u ocho policías. Cuando estaba en bragas, entró un agente gritando que me violaría y me mataría, y empezó a tocarme y besarme. me dijeron que, o empezaba a dar nombres, o me dejarían sola con él. Durante horas estuve desnuda delante de ellos ". Ahora la Audiencia de Madrid deberá hacer lo que no hizo: investigar debidamente.
Todo esto abre una puerta a la esperanza? "El hecho de que el Supremo y el Constitucional cambien su jurisprudencia puede ser importante para que los jueces se posicionen y empiecen a hacer investigaciones exhaustivas", asegura Álvarez. "Es prácticamente imposible administrar justicia sobre el total, pero hacemos todo ello en el contexto de los derechos humanos, porque estamos moralmente obligados", afirma Etxeberria. "Tendrá que llegar el día en que se cree una Comisión de la Verdad, en la que se debata estos miles de casos de tortura", concluye Urbistondo.
Las condenas también llegan desde organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Amnistía Internacional, que hace años que exige al Estado que haga algo. En el marco de la campaña electoral del 25S, la organización de defensa de los derechos humanos ha reiterado su demanda: se debe asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación "a las víctimas de tortura y otros malos tratos ", y exigir a las autoridades vascas y españolas que hagan un reconocimiento público del daño causado.
Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España, critica que el Estado español no ha tenido en cuenta ninguna de sus obligaciones. En primer lugar, el Código penal tiene una definición "defectuosa" de la tortura, que no se adapta a la de la convención contra la tortura. Por otra parte, está el sistema de incomunicación, que debe ser abolido o incrementar las garantías, porque es lo que permite todos estos casos. Finalmente, tenemos el gran problema: que no se investiga.
"El gran problema que ha habido en España ha sido de investigación, tanto por parte de las autoridades policiales como de las autoridades judiciales, que tampoco lo podemos olvidar", asegura Virginia Álvarez. "La pauta son procesos muy largos en los que no hay una verdadera reparación a la víctima, porque se utilizan baremos de accidente de tráfico, cuando estamos hablando de un crimen internacional que ni siquiera prescribe", añade la responsable de Amnistía. Y lamenta: "En aquellos casos en los que sí se ha llegado a una condena, nos hemos encontrado con un posterior indulto por parte del Gobierno español". Sin embargo, cita una sentencia que podría suponer un "punto de inflexión".
Es la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el pasado mes de julio, de anular una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a tres presuntos miembros de ETA. El motivo es que este tribunal no había admitido la prueba pericial psicológica de uno de los acusados, Íñigo Zapirain, que había denunciado haber sufrido torturas durante su detención en marzo de 2011. De esta manera, el alto tribunal aplicaba por primera vez la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Otro alto tribunal, el Constitucional, también ordenó el pasado agosto reabrir un caso: el de Garazi Rodríguez. Fue detenida en 2009 para formar parte de la organización juvenil Segi y luego fue absuelta. Entonces tenía 21 años y este es su relato de lo que pasó: "Al tercer día, me hicieron desnudar en una habitación muy grande ante siete u ocho policías. Cuando estaba en bragas, entró un agente gritando que me violaría y me mataría, y empezó a tocarme y besarme. me dijeron que, o empezaba a dar nombres, o me dejarían sola con él. Durante horas estuve desnuda delante de ellos ". Ahora la Audiencia de Madrid deberá hacer lo que no hizo: investigar debidamente.
Todo esto abre una puerta a la esperanza? "El hecho de que el Supremo y el Constitucional cambien su jurisprudencia puede ser importante para que los jueces se posicionen y empiecen a hacer investigaciones exhaustivas", asegura Álvarez. "Es prácticamente imposible administrar justicia sobre el total, pero hacemos todo ello en el contexto de los derechos humanos, porque estamos moralmente obligados", afirma Etxeberria. "Tendrá que llegar el día en que se cree una Comisión de la Verdad, en la que se debata estos miles de casos de tortura", concluye Urbistondo.
#1:
En dictadura pero sobre todo en democracia, los cuerpos policiales instauraron en el País Vasco un régimen de tortura sistemática contra todo detenido. Sacerdotes, sindicalistas, profesores universitarios, estudiantes y tanta otra gente que ni siquiera tenía nada que ver con ETA fueron víctimas. Miles de casos que hoy continúan impunes.
"Ahora sabrás qué pan damos", le dijeron a Nekane Txapartegi así que llegó a la comisaría de Tres Cantos, en Madrid. Unas horas antes había sido detenida por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Tolosa, desde donde fue trasladada inmediatamente a la capital española. Allí comenzó un auténtico infierno de cinco días, del que 17 años después aún arrastra secuelas. Muchos insultos, todo tipo de golpes, tortura psicológica, amenazas de ir contra su familia, asfixia con bolsa, electrodos ... Y una agresión sexual que no olvidará nunca. El objetivo: una declaración autoinculpatoria de colaboración con ETA.
La fueron a buscar a la celda. La hicieron desnudar. Empezaron a insultarla. Le preguntaron si era "la puta del comando". Empezaron a tocar los pechos. La llevaron a una habitación donde había otro detenido, que querían que delatara. Pero se negó y la llevaron a otra habitación. Ella misma en relataba las consecuencias ante el juez con la voz quebrada: "Me llevan allí, me desnudan de nuevo y me violan". Eran cuatro agentes en la cámara. Todos ellos están en libertad. Ella cumple una pena de seis años y nueve meses.
Su caso es uno de los 4.009 torturados que, hasta ahora, se han podido documentar en el País Vasco entre los años 1960 y 2013. La investigación la está haciendo el Instituto Vasco de Criminología, bajo el liderazgo del médico forense Paco Etxeberria, a petición del Gobierno vasco. La tortura es el sexto punto del Plan de Paz y Convivencia 2.013-2.016. Pero el dato de los 4.009 no es definitiva. Trabajan con un censo de más de 22.000 detenidos. El doctor Etxeberria no duda que son muchísimo más, los torturados. En el momento de contactar con él, nos cuenta que acaba de recibir una llamada de una persona que fue torturada durante los años 80 y que ni siquiera formaba parte del censo de detenidos. "Hay gente que en el pasado sufrió represalias por atreverse a denunciarlo", recuerda.
"Socialmente, en el País Vasco, todo el mundo ya sabía que pasaba eso", explica Etxeberria, que aclara que su trabajo no va contra la policía, sino contra los torturadores: "Yo tengo el máximo respeto por la policía, por todas las instituciones policiales . Pero no con las personas que gestionan este tema. Porque han persistido metodologías de los tiempos de la dictadura en democracia, y eso es muy preocupante ".
La investigación que dirige, que fue presentada parcialmente a finales de junio, se ha realizado siguiendo el protocolo de Estambul, que es el que adoptó en 2000 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Le ha acompañado un equipo de más de 40 personas. Los testigos han sido ratificados en vídeo, audio y por escrito. Muchos de estos relatos, admite el forense, son escalofriantes: "Te viene una mujer y te dice 'en la primera bofetada me orinar'. Y luego viene el resto". Pero no sólo han recogido la voz de las víctimas, sino también, por ejemplo, la de hijos de guardias civiles y policías nacionales o la de un funcionario de prisiones. También de médicos del sistema público vasco que atendieron aquellos detenidos en su momento.
En algún momento llegó a ser sistemática, la tortura? "Siempre lo fue", responde Etxeberria. La realidad es que el perfil de los torturados va mucho más allá del entorno de ETA. Era una práctica sistemática contra todo detenido. "Entre estos 4.000 hay sacerdotes, cirujanos, profesores universitarios, estudiantes, directores de cine, militantes de UGT, de CCOO, de la Liga Comunista Revolucionaria ... e incluso del PNV y del PSOE". Las denuncias no forman parte de un manual que daban a los miembros de ETA para casos de detención, como se acostumbraba a rebatir. El forense dice que la sociedad se divide en dos con respecto a la tortura: los que no se la pueden creer y los que no se la quieren creer.
Algunas estadísticas que deja el primer adelanto de la investigación. El 83% de los denunciados son hombres y el 17% son mujeres. El 76% de los casos tienen lugar durante el periodo democrático (1.978 a 2013) y el 24% durante la dictadura y la transición (1960-77). Hay 1.561 casos de la Policía Nacional, 1.589 de la Guardia Civil y 310 de la Ertzaintza. Los métodos más utilizados eran, además de los golpes y los insultos, la asfixia con bolsa y con bañera. El 34% denuncia que se les obligó a desnudarse, el 28% que fueron víctimas de vejaciones sexuales y el 2% que fueron violados.
Todas estas torturas y malos tratos, en muchas ocasiones, fueron tan traumáticas que han dejado secuelas psicológicas y psiquiátricas. De los 202 casos analizados siguiendo el protocolo de Estambul, el 9,4% presentan trastorno por estrés postraumático (TEPT), el 7,9% "probable TEPT" y el 7,9% "síntomas de TEPT". Por otra parte, el 3% se le ha detectado una depresión grave y el 12,9% una depresión moderada. Ha participado un equipo de una treintena de psicólogos, en la investigación.
"Siempre pasa lo mismo, aunque ya lo sabíamos: los que hacen estas cosas se mueven en el terreno de la impunidad", lamenta Etxeberria. Y mira también hacia sus compañeros de profesión: "Ni siquiera los médicos forenses cumplieron el protocolo por desidia o desconocimiento. Ayudaron a perpetuar la posibilidad de demostrar judicialmente que había existido malos tratos". Recuerda el caso del joven navarro Mikel Zabalza, que apareció muerto en el río Bidasoa en 1985. Varias investigaciones apuntan que murió después de haberle aplicado el método de la bañera. Treinta años después, todavía triunfa la versión oficial: murió intentando huir de los agentes en una zona boscosa.
Un caso de torturas con resultado de muerte que sí fue condenado es el de Joseba Arregi. En 1989 el Tribunal Supremo condenó dos inspectores de la Policía Nacional a cuatro años y tres meses de arresto -y tres y dos años de suspensión- por la muerte de Joseba Arregi, miembro del comando Madrid de ETA. Arregi murió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel como consecuencia de un fallo respiratorio después de haber pasado nueve días en dependencias policiales. La sentencia consideraba los dos policías responsables del delito de torturas, porque permitieron que personas no identificadas torturaran Arregi.
Pero los miles de casos documentados, tan sólo ha habido 21 sentencias condenatorias por torturas realizadas contra 32 personas (28 hombres y cuatro mujeres) detenidas entre los años 1979 y 1992. De estas condenas, 12 corresponden a la Guardia Civil y nuevo a la Policía Nacional. No hay ninguna contra la Ertzaintza.
La Fundación Euskal Memoria también trabaja en estos casos. Nacida en 2009, su misión es la de reconstruir la memoria histórica de Euskal Herria, y por ello colabora de manera a menudo con el Instituto Vasco de Criminología. Tiene su propio Centro de Documentación. En estos momentos tienen hasta 5.432 casos de tortura documentados. Esto no equivale a personas, porque algunas fueron detenidas y torturadas en más de una ocasión. Como señala el informe del Instituto Vasco de Criminología, el 17% partió torturas en más de una ocasión.
Karmele Urbistondo, miembro de Euskal Memoria, coincide con Etxeberria que podrían ser muchos más casos: "Seguro que son muchos más que éstos. Piensa que en sólo medio año, desde que publicamos la última cifra pública, tenemos 400 casos más . Y serán muchos más, porque lo sabemos ". Denuncia que la tortura fue sistemática, que "fue utilizada como arma represiva", como "herramienta que han utilizado todos los gobiernos de España, desde el PP hasta el PSOE y la UCD, al servicio del miedo y del Estado ".
La fundación ha clasificado los casos según el Gobierno español que había en el poder. Durante la dictadura de Francisco Franco, hay documentados 862 casos; durante el gobierno de Carlos Arias Navarro (UCD), 86 casos; durante el de Adolfo Suárez (UCD), 797 casos; durante el de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), 445 casos; durante el de Felipe González (PSOE), 1.629 casos; durante el de José María Aznar (PP), 836 casos; durante el de Zapatero (PSOE), 359 casos, y durante el de Mariano Rajoy (PP), ocho casos.
"Los jueces han bajado la cabeza ante las personas que han pasado delante de ellos, han hecho caso omiso de las denuncias. Incluso agentes policiales han sido premiados o condecorados", critica Urbistondo. Los medios de comunicación también formaron parte de este encubrimiento, en su opinión: "Los medios han silenciado los casos y se han posicionado en la misma línea que los poderes del Estado y los cuerpos policiales. Como siempre, en Euskal Herria ha habido alguna excepción, como el diario Egin o Euskaldunon Egunkaria, el director, Martxelo Otamendi, también fue víctima de las torturas ".
Los organismos internacionales, sin embargo, no han bajado la cabeza. El primer dictamen condenatorio fue del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1998, para el caso de una mujer vasca detenida por la Guardia Civil en 1992. Este comité volvió a condenar el Estado español en 2005. De hecho , un relator de las Naciones Unidas visitó Madrid y el País Vasco en 2004, y elaboró un informe con recomendaciones. El Gobierno español no sólo no hizo caso, sino que tildó de "falso" el informe y de "absolutamente inaceptables" las recomendaciones.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en ocho ocasiones el Estado español por no investigar las denuncias de tortura. La primera fue de 2004, para el caso de 15 catalanes que denunciaban haber sido torturados en 1992, antes de los Juegos Olímpicos. Las otras siete tienen que ver con casos de ciudadanos vascos y navarros.
"Ahora sabrás qué pan damos", le dijeron a Nekane Txapartegi así que llegó a la comisaría de Tres Cantos, en Madrid. Unas horas antes había sido detenida por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Tolosa, desde donde fue trasladada inmediatamente a la capital española. Allí comenzó un auténtico infierno de cinco días, del que 17 años después aún arrastra secuelas. Muchos insultos, todo tipo de golpes, tortura psicológica, amenazas de ir contra su familia, asfixia con bolsa, electrodos ... Y una agresión sexual que no olvidará nunca. El objetivo: una declaración autoinculpatoria de colaboración con ETA.
La fueron a buscar a la celda. La hicieron desnudar. Empezaron a insultarla. Le preguntaron si era "la puta del comando". Empezaron a tocar los pechos. La llevaron a una habitación donde había otro detenido, que querían que delatara. Pero se negó y la llevaron a otra habitación. Ella misma en relataba las consecuencias ante el juez con la voz quebrada: "Me llevan allí, me desnudan de nuevo y me violan". Eran cuatro agentes en la cámara. Todos ellos están en libertad. Ella cumple una pena de seis años y nueve meses.
Su caso es uno de los 4.009 torturados que, hasta ahora, se han podido documentar en el País Vasco entre los años 1960 y 2013. La investigación la está haciendo el Instituto Vasco de Criminología, bajo el liderazgo del médico forense Paco Etxeberria, a petición del Gobierno vasco. La tortura es el sexto punto del Plan de Paz y Convivencia 2.013-2.016. Pero el dato de los 4.009 no es definitiva. Trabajan con un censo de más de 22.000 detenidos. El doctor Etxeberria no duda que son muchísimo más, los torturados. En el momento de contactar con él, nos cuenta que acaba de recibir una llamada de una persona que fue torturada durante los años 80 y que ni siquiera formaba parte del censo de detenidos. "Hay gente que en el pasado sufrió represalias por atreverse a denunciarlo", recuerda.
"Socialmente, en el País Vasco, todo el mundo ya sabía que pasaba eso", explica Etxeberria, que aclara que su trabajo no va contra la policía, sino contra los torturadores: "Yo tengo el máximo respeto por la policía, por todas las instituciones policiales . Pero no con las personas que gestionan este tema. Porque han persistido metodologías de los tiempos de la dictadura en democracia, y eso es muy preocupante ".
La investigación que dirige, que fue presentada parcialmente a finales de junio, se ha realizado siguiendo el protocolo de Estambul, que es el que adoptó en 2000 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Le ha acompañado un equipo de más de 40 personas. Los testigos han sido ratificados en vídeo, audio y por escrito. Muchos de estos relatos, admite el forense, son escalofriantes: "Te viene una mujer y te dice 'en la primera bofetada me orinar'. Y luego viene el resto". Pero no sólo han recogido la voz de las víctimas, sino también, por ejemplo, la de hijos de guardias civiles y policías nacionales o la de un funcionario de prisiones. También de médicos del sistema público vasco que atendieron aquellos detenidos en su momento.
En algún momento llegó a ser sistemática, la tortura? "Siempre lo fue", responde Etxeberria. La realidad es que el perfil de los torturados va mucho más allá del entorno de ETA. Era una práctica sistemática contra todo detenido. "Entre estos 4.000 hay sacerdotes, cirujanos, profesores universitarios, estudiantes, directores de cine, militantes de UGT, de CCOO, de la Liga Comunista Revolucionaria ... e incluso del PNV y del PSOE". Las denuncias no forman parte de un manual que daban a los miembros de ETA para casos de detención, como se acostumbraba a rebatir. El forense dice que la sociedad se divide en dos con respecto a la tortura: los que no se la pueden creer y los que no se la quieren creer.
Algunas estadísticas que deja el primer adelanto de la investigación. El 83% de los denunciados son hombres y el 17% son mujeres. El 76% de los casos tienen lugar durante el periodo democrático (1.978 a 2013) y el 24% durante la dictadura y la transición (1960-77). Hay 1.561 casos de la Policía Nacional, 1.589 de la Guardia Civil y 310 de la Ertzaintza. Los métodos más utilizados eran, además de los golpes y los insultos, la asfixia con bolsa y con bañera. El 34% denuncia que se les obligó a desnudarse, el 28% que fueron víctimas de vejaciones sexuales y el 2% que fueron violados.
Todas estas torturas y malos tratos, en muchas ocasiones, fueron tan traumáticas que han dejado secuelas psicológicas y psiquiátricas. De los 202 casos analizados siguiendo el protocolo de Estambul, el 9,4% presentan trastorno por estrés postraumático (TEPT), el 7,9% "probable TEPT" y el 7,9% "síntomas de TEPT". Por otra parte, el 3% se le ha detectado una depresión grave y el 12,9% una depresión moderada. Ha participado un equipo de una treintena de psicólogos, en la investigación.
"Siempre pasa lo mismo, aunque ya lo sabíamos: los que hacen estas cosas se mueven en el terreno de la impunidad", lamenta Etxeberria. Y mira también hacia sus compañeros de profesión: "Ni siquiera los médicos forenses cumplieron el protocolo por desidia o desconocimiento. Ayudaron a perpetuar la posibilidad de demostrar judicialmente que había existido malos tratos". Recuerda el caso del joven navarro Mikel Zabalza, que apareció muerto en el río Bidasoa en 1985. Varias investigaciones apuntan que murió después de haberle aplicado el método de la bañera. Treinta años después, todavía triunfa la versión oficial: murió intentando huir de los agentes en una zona boscosa.
Un caso de torturas con resultado de muerte que sí fue condenado es el de Joseba Arregi. En 1989 el Tribunal Supremo condenó dos inspectores de la Policía Nacional a cuatro años y tres meses de arresto -y tres y dos años de suspensión- por la muerte de Joseba Arregi, miembro del comando Madrid de ETA. Arregi murió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel como consecuencia de un fallo respiratorio después de haber pasado nueve días en dependencias policiales. La sentencia consideraba los dos policías responsables del delito de torturas, porque permitieron que personas no identificadas torturaran Arregi.
Pero los miles de casos documentados, tan sólo ha habido 21 sentencias condenatorias por torturas realizadas contra 32 personas (28 hombres y cuatro mujeres) detenidas entre los años 1979 y 1992. De estas condenas, 12 corresponden a la Guardia Civil y nuevo a la Policía Nacional. No hay ninguna contra la Ertzaintza.
La Fundación Euskal Memoria también trabaja en estos casos. Nacida en 2009, su misión es la de reconstruir la memoria histórica de Euskal Herria, y por ello colabora de manera a menudo con el Instituto Vasco de Criminología. Tiene su propio Centro de Documentación. En estos momentos tienen hasta 5.432 casos de tortura documentados. Esto no equivale a personas, porque algunas fueron detenidas y torturadas en más de una ocasión. Como señala el informe del Instituto Vasco de Criminología, el 17% partió torturas en más de una ocasión.
Karmele Urbistondo, miembro de Euskal Memoria, coincide con Etxeberria que podrían ser muchos más casos: "Seguro que son muchos más que éstos. Piensa que en sólo medio año, desde que publicamos la última cifra pública, tenemos 400 casos más . Y serán muchos más, porque lo sabemos ". Denuncia que la tortura fue sistemática, que "fue utilizada como arma represiva", como "herramienta que han utilizado todos los gobiernos de España, desde el PP hasta el PSOE y la UCD, al servicio del miedo y del Estado ".
La fundación ha clasificado los casos según el Gobierno español que había en el poder. Durante la dictadura de Francisco Franco, hay documentados 862 casos; durante el gobierno de Carlos Arias Navarro (UCD), 86 casos; durante el de Adolfo Suárez (UCD), 797 casos; durante el de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), 445 casos; durante el de Felipe González (PSOE), 1.629 casos; durante el de José María Aznar (PP), 836 casos; durante el de Zapatero (PSOE), 359 casos, y durante el de Mariano Rajoy (PP), ocho casos.
"Los jueces han bajado la cabeza ante las personas que han pasado delante de ellos, han hecho caso omiso de las denuncias. Incluso agentes policiales han sido premiados o condecorados", critica Urbistondo. Los medios de comunicación también formaron parte de este encubrimiento, en su opinión: "Los medios han silenciado los casos y se han posicionado en la misma línea que los poderes del Estado y los cuerpos policiales. Como siempre, en Euskal Herria ha habido alguna excepción, como el diario Egin o Euskaldunon Egunkaria, el director, Martxelo Otamendi, también fue víctima de las torturas ".
Los organismos internacionales, sin embargo, no han bajado la cabeza. El primer dictamen condenatorio fue del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1998, para el caso de una mujer vasca detenida por la Guardia Civil en 1992. Este comité volvió a condenar el Estado español en 2005. De hecho , un relator de las Naciones Unidas visitó Madrid y el País Vasco en 2004, y elaboró un informe con recomendaciones. El Gobierno español no sólo no hizo caso, sino que tildó de "falso" el informe y de "absolutamente inaceptables" las recomendaciones.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en ocho ocasiones el Estado español por no investigar las denuncias de tortura. La primera fue de 2004, para el caso de 15 catalanes que denunciaban haber sido torturados en 1992, antes de los Juegos Olímpicos. Las otras siete tienen que ver con casos de ciudadanos vascos y navarros.
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En dictadura pero sobre todo en democracia, los cuerpos policiales instauraron en el País Vasco un régimen de tortura sistemática contra todo detenido. Sacerdotes, sindicalistas, profesores universitarios, estudiantes y tanta otra gente que ni siquiera tenía nada que ver con ETA fueron víctimas. Miles de casos que hoy continúan impunes.
"Ahora sabrás qué pan damos", le dijeron a Nekane Txapartegi así que llegó a la comisaría de Tres Cantos, en Madrid. Unas horas antes había sido detenida por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Tolosa, desde donde fue trasladada inmediatamente a la capital española. Allí comenzó un auténtico infierno de cinco días, del que 17 años después aún arrastra secuelas. Muchos insultos, todo tipo de golpes, tortura psicológica, amenazas de ir contra su familia, asfixia con bolsa, electrodos ... Y una agresión sexual que no olvidará nunca. El objetivo: una declaración autoinculpatoria de colaboración con ETA.
La fueron a buscar a la celda. La hicieron desnudar. Empezaron a insultarla. Le preguntaron si era "la puta del comando". Empezaron a tocar los pechos. La llevaron a una habitación donde había otro detenido, que querían que delatara. Pero se negó y la llevaron a otra habitación. Ella misma en relataba las consecuencias ante el juez con la voz quebrada: "Me llevan allí, me desnudan de nuevo y me violan". Eran cuatro agentes en la cámara. Todos ellos están en libertad. Ella cumple una pena de seis años y nueve meses.
Su caso es uno de los 4.009 torturados que, hasta ahora, se han podido documentar en el País Vasco entre los años 1960 y 2013. La investigación la está haciendo el Instituto Vasco de Criminología, bajo el liderazgo del médico forense Paco Etxeberria, a petición del Gobierno vasco. La tortura es el sexto punto del Plan de Paz y Convivencia 2.013-2.016. Pero el dato de los 4.009 no es definitiva. Trabajan con un censo de más de 22.000 detenidos. El doctor Etxeberria no duda que son muchísimo más, los torturados. En el momento de contactar con él, nos cuenta que acaba de recibir una llamada de una persona que fue torturada durante los años 80 y que ni siquiera formaba parte del censo de detenidos. "Hay gente que en el pasado sufrió represalias por atreverse a denunciarlo", recuerda.
"Socialmente, en el País Vasco, todo el mundo ya sabía que pasaba eso", explica Etxeberria, que aclara que su trabajo no va contra la policía, sino contra los torturadores: "Yo tengo el máximo respeto por la policía, por todas las instituciones policiales . Pero no con las personas que gestionan este tema. Porque han persistido metodologías de los tiempos de la dictadura en democracia, y eso es muy preocupante ".
La investigación que dirige, que fue presentada parcialmente a finales de junio, se ha realizado siguiendo el protocolo de Estambul, que es el que adoptó en 2000 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Le ha acompañado un equipo de más de 40 personas. Los testigos han sido ratificados en vídeo, audio y por escrito. Muchos de estos relatos, admite el forense, son escalofriantes: "Te viene una mujer y te dice 'en la primera bofetada me orinar'. Y luego viene el resto". Pero no sólo han recogido la voz de las víctimas, sino también, por ejemplo, la de hijos de guardias civiles y policías nacionales o la de un funcionario de prisiones. También de médicos del sistema público vasco que atendieron aquellos detenidos en su momento.
En algún momento llegó a ser sistemática, la tortura? "Siempre lo fue", responde Etxeberria. La realidad es que el perfil de los torturados va mucho más allá del entorno de ETA. Era una práctica sistemática contra todo detenido. "Entre estos 4.000 hay sacerdotes, cirujanos, profesores universitarios, estudiantes, directores de cine, militantes de UGT, de CCOO, de la Liga Comunista Revolucionaria ... e incluso del PNV y del PSOE". Las denuncias no forman parte de un manual que daban a los miembros de ETA para casos de detención, como se acostumbraba a rebatir. El forense dice que la sociedad se divide en dos con respecto a la tortura: los que no se la pueden creer y los que no se la quieren creer.
Algunas estadísticas que deja el primer adelanto de la investigación. El 83% de los denunciados son hombres y el 17% son mujeres. El 76% de los casos tienen lugar durante el periodo democrático (1.978 a 2013) y el 24% durante la dictadura y la transición (1960-77). Hay 1.561 casos de la Policía Nacional, 1.589 de la Guardia Civil y 310 de la Ertzaintza. Los métodos más utilizados eran, además de los golpes y los insultos, la asfixia con bolsa y con bañera. El 34% denuncia que se les obligó a desnudarse, el 28% que fueron víctimas de vejaciones sexuales y el 2% que fueron violados.
Todas estas torturas y malos tratos, en muchas ocasiones, fueron tan traumáticas que han dejado secuelas psicológicas y psiquiátricas. De los 202 casos analizados siguiendo el protocolo de Estambul, el 9,4% presentan trastorno por estrés postraumático (TEPT), el 7,9% "probable TEPT" y el 7,9% "síntomas de TEPT". Por otra parte, el 3% se le ha detectado una depresión grave y el 12,9% una depresión moderada. Ha participado un equipo de una treintena de psicólogos, en la investigación.
"Siempre pasa lo mismo, aunque ya lo sabíamos: los que hacen estas cosas se mueven en el terreno de la impunidad", lamenta Etxeberria. Y mira también hacia sus compañeros de profesión: "Ni siquiera los médicos forenses cumplieron el protocolo por desidia o desconocimiento. Ayudaron a perpetuar la posibilidad de demostrar judicialmente que había existido malos tratos". Recuerda el caso del joven navarro Mikel Zabalza, que apareció muerto en el río Bidasoa en 1985. Varias investigaciones apuntan que murió después de haberle aplicado el método de la bañera. Treinta años después, todavía triunfa la versión oficial: murió intentando huir de los agentes en una zona boscosa.
Un caso de torturas con resultado de muerte que sí fue condenado es el de Joseba Arregi. En 1989 el Tribunal Supremo condenó dos inspectores de la Policía Nacional a cuatro años y tres meses de arresto -y tres y dos años de suspensión- por la muerte de Joseba Arregi, miembro del comando Madrid de ETA. Arregi murió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel como consecuencia de un fallo respiratorio después de haber pasado nueve días en dependencias policiales. La sentencia consideraba los dos policías responsables del delito de torturas, porque permitieron que personas no identificadas torturaran Arregi.
Pero los miles de casos documentados, tan sólo ha habido 21 sentencias condenatorias por torturas realizadas contra 32 personas (28 hombres y cuatro mujeres) detenidas entre los años 1979 y 1992. De estas condenas, 12 corresponden a la Guardia Civil y nuevo a la Policía Nacional. No hay ninguna contra la Ertzaintza.
La Fundación Euskal Memoria también trabaja en estos casos. Nacida en 2009, su misión es la de reconstruir la memoria histórica de Euskal Herria, y por ello colabora de manera a menudo con el Instituto Vasco de Criminología. Tiene su propio Centro de Documentación. En estos momentos tienen hasta 5.432 casos de tortura documentados. Esto no equivale a personas, porque algunas fueron detenidas y torturadas en más de una ocasión. Como señala el informe del Instituto Vasco de Criminología, el 17% partió torturas en más de una ocasión.
Karmele Urbistondo, miembro de Euskal Memoria, coincide con Etxeberria que podrían ser muchos más casos: "Seguro que son muchos más que éstos. Piensa que en sólo medio año, desde que publicamos la última cifra pública, tenemos 400 casos más . Y serán muchos más, porque lo sabemos ". Denuncia que la tortura fue sistemática, que "fue utilizada como arma represiva", como "herramienta que han utilizado todos los gobiernos de España, desde el PP hasta el PSOE y la UCD, al servicio del miedo y del Estado ".
La fundación ha clasificado los casos según el Gobierno español que había en el poder. Durante la dictadura de Francisco Franco, hay documentados 862 casos; durante el gobierno de Carlos Arias Navarro (UCD), 86 casos; durante el de Adolfo Suárez (UCD), 797 casos; durante el de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), 445 casos; durante el de Felipe González (PSOE), 1.629 casos; durante el de José María Aznar (PP), 836 casos; durante el de Zapatero (PSOE), 359 casos, y durante el de Mariano Rajoy (PP), ocho casos.
"Los jueces han bajado la cabeza ante las personas que han pasado delante de ellos, han hecho caso omiso de las denuncias. Incluso agentes policiales han sido premiados o condecorados", critica Urbistondo. Los medios de comunicación también formaron parte de este encubrimiento, en su opinión: "Los medios han silenciado los casos y se han posicionado en la misma línea que los poderes del Estado y los cuerpos policiales. Como siempre, en Euskal Herria ha habido alguna excepción, como el diario Egin o Euskaldunon Egunkaria, el director, Martxelo Otamendi, también fue víctima de las torturas ".
Los organismos internacionales, sin embargo, no han bajado la cabeza. El primer dictamen condenatorio fue del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1998, para el caso de una mujer vasca detenida por la Guardia Civil en 1992. Este comité volvió a condenar el Estado español en 2005. De hecho , un relator de las Naciones Unidas visitó Madrid y el País Vasco en 2004, y elaboró un informe con recomendaciones. El Gobierno español no sólo no hizo caso, sino que tildó de "falso" el informe y de "absolutamente inaceptables" las recomendaciones.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en ocho ocasiones el Estado español por no investigar las denuncias de tortura. La primera fue de 2004, para el caso de 15 catalanes que denunciaban haber sido torturados en 1992, antes de los Juegos Olímpicos. Las otras siete tienen que ver con casos de ciudadanos vascos y navarros.
#1 [Resto de la traducción, no cabía] La última, de mayo de ese mismo año, dice que "si hay motivos razonables para creer que hubo malos tratos, incumbe a las autoridades competentes del Estado inició una investigación imparcial de oficio y sin demora".
Las condenas también llegan desde organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Amnistía Internacional, que hace años que exige al Estado que haga algo. En el marco de la campaña electoral del 25S, la organización de defensa de los derechos humanos ha reiterado su demanda: se debe asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación "a las víctimas de tortura y otros malos tratos ", y exigir a las autoridades vascas y españolas que hagan un reconocimiento público del daño causado.
Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España, critica que el Estado español no ha tenido en cuenta ninguna de sus obligaciones. En primer lugar, el Código penal tiene una definición "defectuosa" de la tortura, que no se adapta a la de la convención contra la tortura. Por otra parte, está el sistema de incomunicación, que debe ser abolido o incrementar las garantías, porque es lo que permite todos estos casos. Finalmente, tenemos el gran problema: que no se investiga.
"El gran problema que ha habido en España ha sido de investigación, tanto por parte de las autoridades policiales como de las autoridades judiciales, que tampoco lo podemos olvidar", asegura Virginia Álvarez. "La pauta son procesos muy largos en los que no hay una verdadera reparación a la víctima, porque se utilizan baremos de accidente de tráfico, cuando estamos hablando de un crimen internacional que ni siquiera prescribe", añade la responsable de Amnistía. Y lamenta: "En aquellos casos en los que sí se ha llegado a una condena, nos hemos encontrado con un posterior indulto por parte del Gobierno español". Sin embargo, cita una sentencia que podría suponer un "punto de inflexión".
Es la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el pasado mes de julio, de anular una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a tres presuntos miembros de ETA. El motivo es que este tribunal no había admitido la prueba pericial psicológica de uno de los acusados, Íñigo Zapirain, que había denunciado haber sufrido torturas durante su detención en marzo de 2011. De esta manera, el alto tribunal aplicaba por primera vez la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Otro alto tribunal, el Constitucional, también ordenó el pasado agosto reabrir un caso: el de Garazi Rodríguez. Fue detenida en 2009 para formar parte de la organización juvenil Segi y luego fue absuelta. Entonces tenía 21 años y este es su relato de lo que pasó: "Al tercer día, me hicieron desnudar en una habitación muy grande ante siete u ocho policías. Cuando estaba en bragas, entró un agente gritando que me violaría y me mataría, y empezó a tocarme y besarme. me dijeron que, o empezaba a dar nombres, o me dejarían sola con él. Durante horas estuve desnuda delante de ellos ". Ahora la Audiencia de Madrid deberá hacer lo que no hizo: investigar debidamente.
Todo esto abre una puerta a la esperanza? "El hecho de que el Supremo y el Constitucional cambien su jurisprudencia puede ser importante para que los jueces se posicionen y empiecen a hacer investigaciones exhaustivas", asegura Álvarez. "Es prácticamente imposible administrar justicia sobre el total, pero hacemos todo ello en el contexto de los derechos humanos, porque estamos moralmente obligados", afirma Etxeberria. "Tendrá que llegar el día en que se cree una Comisión de la Verdad, en la que se debata estos miles de casos de tortura", concluye Urbistondo.
#11 las sentencias de la audiencia nacional son un puto chiste en lo que a derecho se refiere, son sentencias estricatamente politicas en las que jamas se tuvo encuenta el debido proceso.
#16 Que sí, que la justicia española es malísima y los etarras buenísimos. Ese mantra me suena.
#17 te recuerdo que en estrasburgo ya han dejado a altura del barro las decisiones torticeras de los tribunales politizados como la audiencia nacional unas cuantas veces.
#18 Cuarenta y cinco jefes de ETA tienen datos sobre 326 asesinatos sin aclarar
La jurisprudencia de Estrasburgo avala que el silencio de la banda sobre estos crímenes añade sufrimiento a los familiares de las víctimas.
La jurisprudencia europea avala que con su silencio, ETA provoca sufrimiento añadido a los familiares de sus víctimas. Así, en el caso «Kurt contra Turquía», el Tribunal de Derechos Humanos afirmaba que ante asesinatos selectivos o desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la propia familia que espera justicia pasa a convertirse propiamente en «víctima autónoma y diferenciada del acto criminal cometido».
Ello entronca con el «derecho a conocer la verdad». Así, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos del pasado que se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, así como sobre las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que no se repitan en el futuro».
Ya que hablamos de Estrasburgo ..
Unos prefieren mirar por los que ponen bombas en la calle y pegan tiros en la nuca, otros preferimos mirar por las auténticas víctimas.
#19 vaya resulta que eras tu el que repartia los carnets de victima, ala a pastar
#20 Típico, cuando se acaban los argumentos se tira de violencia, verbal o de la que tiraban tus admirados presos. A algunos os quedan muchos años de bilis. Ánimo.
#19 El estado español puso bombas, pegó tiros, torturó, violó a mujeres...
La violencia de ETA no es causa sino consecuencia de la herencia de una dictadura y su continuidad.
#6 falsas...
http://www.lamarea.com/2016/08/17/la-guardia-civil-metodo-la-bolsa-campeones-la-tortura-espana/
#10 Sentencia de 1999 de la audiencia Nacional. Nada de "fuertes evidencias".
Un guardia civil tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia que cualquiera y tú estás negando ese derecho y estás obviando una sentencia firme.
#11 Un vistazo rápido@Mefiore, ha bastado.
Comentario 126 en la notícia del accidente de Puigdemont preguntando si estaba bien la rueda ¿Ves como no me equivocaba contigo? Un vistazo rápido y ahí lo tienes. Comentarios racistas en otra noticia de un menor inmigrante que preparaba un atentado, gracias sobre un accidente de un independentista, negación de torturas a vascos... ¡¡Eso en 3 días!! vamos, un facha lleno de odio es lo que res. No te preocupes, si te vuelven a hundir el usuario te haces otro y ya está.
#13 falatia ad hominem
Como tertuliano low cost tiene futuro.
"¡Cataluña y Vascongadas, Vascongadas y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación! ¡El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí!". (Millán Astray)
Ilustres personajes como el fundador de La Legión Millán Astray decía cosas como ésta, mucho antes de que ETA naciese. Todos sabemos como se las gastó el bando nacional después de ganar la guerra civil y todos sabemos que ETA nació durante el franquismo y sigue coleteando por intereses políticos del estado español que no quiere que se acabe el conflicto vasco porque para algunos mercenarios éste y otros problemas son el negocio con el que se lucran.
#0 Te he votado sensacionalista por la 1ª frase. La noticia puede tener toda la razon del mundo pero cuando empieza asi ya me temo la mierda que puede ser y paso de seguir.
#7 No te preocupes, sabía que iba a pasar esto con esta notícia.
El problema no es esa frase, es lo que molesta el tema, aún no somos una sociedad capaz de analizar este problema. Menéame es una muestra, en un momento ya me han dicho que defiendo asesinos, que la notícia es sensacionalista porque fueron casos aislados y la notícia ha recibido negativos de gente sin leerla. Lo sé no por el número de clics, sinó porque habían pasado 5 segundos desde el envío, y porque es una notícia de un medio minoritario en catalán y el voto de alguien que se nota que lleva mucho en menéame con un usuario registrado hace 3 días... En fin... Lo dicho.
#12 Si necesita amor búsquese otro. No es mi tipo. Olvídeme y yo haré lo mismo.
#12 Meneame es una muestra de una cosa y la contraria, no solo de lo que tu quieres demostrar.
#25 ¿cuándo pasa lo contrario?
Como decía el forense en el artículo "la sociedad se divide en dos con respecto a la tortura: los que no se la pueden creer y los que no se la quieren creer."
Millones de casos diría yo.
#2 La has votado errónea en un segundo sin ni siquiera leerla. Qué rápido se os conoce. Se nota que estáis a gusto con este tipo de prácticas. La chica de la foto y tantos otros igual no comparten tu opinión, pero vete a saber. Asquito dáis...
#4 Si te va a afectar el sentido del voto, mejor no envíes nada.
#6 #5 yo no defiendo a ninguna asesina, ni cómplice, sólo decir eso ya es un insulto mucho mayor que decir que me da asco la actitud de los que negáis que los abusos y torturas ocurrieron.
Lo que me molesta es que no podamos hablar de esto sin que me digas que defiendo asesinos, me molesta un Estado que lo justifica y lo ha consentido.
#5 el sentido del voto no me importa si se lee la noícia
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> el sentido del voto no me importa si se lee la noícia
Creo que te sobra el condicional...¿como sabes que no se ha leído el envío?. No puedes saberlo tan solo por el # de clicks, entre otras cosas porque se puede dar el caso de que se haya leído antes de que aparezca por aquí. Aventurar ese tipo de suposiciones tan solo provocan "mal rollito".
#4 yo no te voy a insultar por defender a una asesina cuyas acusaciones de malos tratos fueron demostradas falsas por un tribunal. No ofendes, te calificas tú solo.