La tensión entre las entidades de gestión de derechos de autor y la industria tecnológica se ha recrudecido después de que los primeros hayan exigido 1.200 millones de euros al año para compensar el supuesto daño que provocan a la actividad audiovisual música y películas las copias privadas, en virtud de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Esta cantidad supondría multiplicar casi por quince la recaudación del año pasado por el canon que ya se venía aplicando a los CD y a los DVD.
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