La Generalitat Valenciana gestionó con muy poca diligencia los 128 millones de las dos líneas para desarrollo rural que ha tenido en marcha para el periodo 2008-2013, según la documentación que investiga la Fiscalía de Valencia por si hubiese sido constitutiva de delitos. Pero la Consejería de Agricultura no gestionó sola todos esos fondos. En el año 2010 firmó un convenio de colaboración con una entidad privada, Fevader, que señala expresamente que dicho acuerdo no debía remitirse a la Unión Europea, que financiaba parcialmente las ayudas.
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