La nueva normativa de la UE obliga a España a acabar con su tradicional tolerancia hacia una actividad clandestina que tiene su base en el puerto de Las Palmas. Bien lo saben los propios inspectores de pesca españoles, que llevan desde mayo de 2008 con paros indefinidos. Son 75 en todo el país, cuando la Comisión Europea recomendó en 2003 la cifra de 139 para cumplir su trabajo de forma efectiva. En Las Palmas trabajan sólo tres inspectores, encargados de vigilar el desembarco o transbordo de 455.603 toneladas de pescado congelado
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