El Tribunal Supremo anuló en 2014 el precepto que permitía a la Policía Local poner multas sin parar a los conductores. El Consistorio ha comenzado a devolver el dinero, pero solo a 286 de los 20.000 posibles afectados. Únicamente cobrarán aquellos que abonaron la sanción, pero siguieron litigando contra la Administración.
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