El Ayuntamiento de Barcelona estudiará "herramientas legales" para prohibir que los fondos de inversión compren pisos en la ciudad, un veto que se haría extensible a personas extranjeras si la vivienda no es para uso residencial propio o de un familiar directo. La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Consistorio ha validado la propuesta de Esquerra Republicana con el apoyo de los grupos municipales del PSC (partido que gobierna) y Barcelona en Comú, frente al rechazo de Junts, PP y Vox.
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