"Los ciudadanos particulares no pueden obligar al Gobierno a utilizar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en documentos de identificación que son propiedad del Gobierno y un ejercicio del poder constitucional y estatutario del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros", sostuvo el Departamento de Justicia.
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